El nombre de Manuel Antonio Merchán dejó de ser un dato de expediente para convertirse en tema de conversación nacional. Su ponencia en el fallo que absolvió al expresidente Álvaro Uribe y su posterior rechazo a un reportaje que cuestionó su ética lo colocaron en el centro del debate sobre independencia judicial, rigor informativo y debido proceso. Para unos, encarna un estilo sobrio y técnico; para otros, un protagonismo inusual en un magistrado.
Su trayectoria combina funciones de control de garantías para aforados, participación en salas penales y docentes invitados en foros especializados. En ese camino, Merchán se habituó a decidir en escenarios donde confluyen prueba técnica (interceptaciones, trazabilidad de comunicaciones) y tensión política. El episodio de 2017, cuando negó prórrogas sobre líneas con posible comunicación abogado–cliente y canceló abonados por “actividad sin contexto”, ilustra su foco: proporcionalidad y protección de derechos.
El método que se le atribuye es de lectura sistémica: no aislar un indicio, sino cotejarlo con el resto del material para descartar hipótesis alternativas. En sus decisiones aparece con frecuencia la distinción entre indicios y conjeturas, y la insistencia en que la duda razonable no es una coartada, sino un mandato del proceso penal. Ese énfasis fue decisivo en el fallo de segunda instancia.
Quienes han leído sus providencias destacan la economía retórica: evita adjetivos y prioriza definiciones. La contracara es que ese estilo puede parecer parco frente a audiencias que demandan frases contundentes para medios y redes. Su respuesta pública al reportaje crítico tensó esa cuerda: habló poco, pero dijo mucho al pedir verificación y respeto por la reserva.
Como muchos jueces contemporáneos, Merchán navega la paradoja de la transparencia. Promueve publicar decisiones y anexos —con salvaguardas— para el control ciudadano, pero alerta sobre el uso fragmentario de audiencias reservadas para alimentar narrativas ajenas al expediente. En su visión, el problema no es la crítica, sino la descontextualización.
El caso Uribe lo enfrentó a un dilema clásico: la responsabilidad penal es personalísima. Que existan condenas o irregularidades en el entorno de un acusado no traslada automáticamente la determinación delictiva. Ese principio, que parece obvio en teoría, suele desvanecerse bajo la presión de la opinión pública. Su ponencia insistió en devolverlo al centro.
Fuera de sala, interlocutores describen a Merchán como metódico, reacio a convertir la coyuntura en doctrina a golpe de titular. Prefiere que las sentencias hablen por sí mismas y que los salvamentos de voto robustezcan el debate; entiende la disidencia como una riqueza del sistema, no como un signo de debilidad.
Sus críticos señalan que el garantismo, llevado al extremo, puede empinar la cuesta para la investigación penal en delitos complejos. Sus defensores responden que la solución no es relajar estándares, sino afinar la investigación y blindar la cadena de custodia para que la prueba resista la apelación.
El desafío para Merchán —y, por extensión, para el Poder Judicial— es sostener coherencia en futuros casos de alta temperatura. Si su perfil se consolida, marcará una pauta: decisiones técnicas, lenguaje claro y un diálogo tenso pero necesario con el periodismo.
Reacciones o consecuencias
Colegios de abogados valoraron su enfoque en duda razonable y proporcionalidad; asociaciones de periodistas defendieron el derecho a indagar su trayectoria y subrayaron la importancia de acceder a documentos completos para evitar equívocos. En el terreno político, su nombre quedó asociado —para bien o para mal— a un punto de inflexión judicial.
Cierre
Merchán simboliza una pregunta mayor: ¿pueden los jueces decidir en medio del ruido sin perder autoridad ni claridad? Su perfil sugiere que sí, pero exige método, paciencia y una ciudadanía dispuesta a leer más allá del titular.