La mañana inició con un operativo del CTI de la Fiscalía, acompañado por tropas del Ejército, en zona rural de La Macarena (Meta). En medio de la diligencia, se produjo la captura de una mujer identificada como Liceth Daza Hoyos. La reacción fue inmediata: un grupo de pobladores retuvo a dos soldados profesionales, Ángel González Garcés y Édgar Mina Carabalí, como medida de presión para exigir la liberación de la detenida.
Horas después, mediadores eclesiásticos lograron un primer avance: la comunidad accedió a entregar a los militares a un párroco. Una fotografía de los uniformados junto a un civil circuló como señal de que el proceso humanitario iba por buen camino. Sin embargo, el ambiente cambió rápido: nuevas presiones y desacuerdos revirtieron el acuerdo inicial, y los soldados volvieron a ser retenidos.
A primera hora, la asonada dejó a las autoridades replegadas mientras se abrían canales de diálogo. El Ejército reportó que los militares fueron desarmados y obligados a quitarse el uniforme, un patrón ya observado en otras retenciones comunitarias. Mandos locales pidieron cautela e insistieron en no escalar el uso de la fuerza.
Al mediodía, se activaron protocolos con la Defensoría del Pueblo y la Iglesia para garantizar una entrega sin condiciones. A la par, organizaciones sociales insistieron en revisar el caso de la capturada, argumentando vulnerabilidad familiar. La Fiscalía mantuvo su posición: la captura seguía su curso legal.
Por la tarde, el Ministerio de Defensa hizo un pronunciamiento rechazando el delito de secuestro y llamando a respetar la integridad de los uniformados. Fuentes castrenses señalaron la influencia de estructuras residuales de las FARC en el pulso social de la zona. El Gobierno departamental ofreció acompañamiento humanitario.
Hacia el anochecer, la tensión aumentó por información contradictoria. Mientras algunos líderes hablaban de inminente liberación, otros voceros comunales condicionaban el proceso al “intercambio” por la mujer detenida. En el terreno, el párroco insistía en proteger la vida y evitar enfrentamientos.
Entrada la noche, las gestiones continuaron sin un cierre definitivo. La Fuerza Pública mantuvo su presencia periférica para no agravar la situación y priorizó el trabajo con garantes. Las familias de los soldados, en reserva, pidieron prudencia y apoyo institucional.
El episodio, que transcurrió entre la esperanza y la incertidumbre, cerró la jornada sin un pronunciamiento final sobre la situación exacta de custodia. Las autoridades afirmaron que persistían las rutas de diálogo y la verificación humanitaria.
Las reacciones oficiales reivindicaron el principio de no negociación frente al delito de secuestro, al tiempo que se recalcó la necesidad de separar las reclamaciones comunitarias de la interferencia de grupos armados. Expertos consultados advirtieron que “normalizar” estas asonadas agrava la vulnerabilidad de civiles y militares.
El caso deja una conclusión clara: sin protocolos ágiles y consensuados, cada hora multiplica los riesgos. La ruta humanitaria sigue abierta y las entidades llaman a información responsable.