La resolución del ente electoral apunta a falta de renuncia de la consulta interna
La negativa de la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC) a permitir que el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, inscriba su candidatura por firmas ha generado un fuerte debate sobre la institucionalidad electoral en Colombia. Según la resolución de la entidad –la número 13881 de 2025–, el comité de firmas que pretendía presentar Quintero no cumple con los requisitos porque no habría renunciado formalmente a su participación en la consulta interna del Pacto Histórico.
Quintero respondió que esta decisión es un “abuso de poder” y una extralimitación de la función del registrador, Hernán Penagos.
Además, adelantó que presentará una denuncia por prevaricato y espera que el Juzgado 72 de Bogotá falle a su favor tras la tutela que radicó.
El aspirante argumenta que no está afiliado al Polo Democrático Alternativo y por tanto no se le puede aplicar la regla de aval o renuncia para participar por firmas. Esta aclaración es clave porque, en su opinión, lo habilita para acudir al mecanismo de firmas sin restricción.
Por su parte, la Registraduría defiende que la norma exige que quienes participaron en la consulta interna del Pacto Histórico debían renunciar antes de presentar la solicitud por firmas, y que no se recibió esa comunicación a tiempo. Este tipo de exigencia tiene importantes implicaciones para el acceso a la candidatura independiente o por firmas.
El incidente se produce en un momento crucial del calendario electoral colombiano, con miras a las elecciones presidenciales de 2026, y con el progresismo definido a elegir un candidato único en marzo. En ese contexto, el episodio adquiere carácter estratégico.
Analistas estiman que, más allá del caso particular de Quintero, la disputa abre interrogantes sobre la igualdad de condiciones para los aspirantes, la accesibilidad de la inscripción por firmas frente al aval partidista, y los plazos de renuncia o afiliación que imponen los organismos electorales.
En los próximos días se espera que el Juzgado 72 se pronuncie sobre la tutela presentada, lo que definirá si Quintero puede retomar su ruta hacia la candidatura. Mientras tanto, el escándalo alimenta la agenda política de cara al 2026.
El conflicto entre Daniel Quintero y la Registraduría Nacional del Estado Civil representa un nuevo capítulo en la tensión entre las dinámicas de los partidos tradicionales y los mecanismos alternativos de participación, como la candidatura por firmas. El desenlace de este caso podría establecer un precedente para el proceso electoral colombiano y el acceso ciudadano a la política.