La siniestralidad con motociclistas mantiene una tendencia al alza
El Decreto 528 de 2025, implementado entre el 30 y 31 de octubre, limitó la circulación de motocicletas con parrillero durante las noches de celebración de Halloween. La medida, que generó polémica, logró reducir los incidentes viales y alteraciones del orden público, lo que llevó a las autoridades a considerarla exitosa. Sin embargo, su eficacia a largo plazo es cuestionada.
De acuerdo con la SDM, el 47 % de las muertes en siniestros de tránsito en 2024 correspondió a motociclistas, lo que evidencia una problemática estructural. Los factores más recurrentes incluyen el exceso de velocidad, el no respeto por los semáforos y el uso indebido de los carriles preferenciales. En muchos casos, la falta de control y la escasa formación técnica de los conductores agravan la situación.
Expertos como el ingeniero de transporte Carlos Sandoval aseguran que “la restricción puede servir para enfriar temporalmente el sistema, pero no es una solución sostenible. La ciudad necesita invertir en educación, fiscalización y cultura vial”. Agrega que las campañas de sensibilización son más efectivas cuando se integran con incentivos, como descuentos en seguros o beneficios en revisiones técnicas para quienes no cometan infracciones.
Por su parte, las asociaciones de motociclistas argumentan que el problema radica en la falta de infraestructura adecuada para motos. “No hay carriles exclusivos, no hay señalización pensada para nosotros y los huecos son trampas mortales. En lugar de prohibir, deberían mejorar las vías”, explica Sergio Montoya, vocero del colectivo MotoLibre Bogotá.
La discusión también ha escalado al plano jurídico. Abogados consultados advierten que las medidas deben justificarse con estudios técnicos y limitarse en el tiempo para no violar derechos constitucionales como el trabajo o la libre movilidad. En 2022 y 2023, la Corte Constitucional ya había advertido sobre el uso excesivo de restricciones vehiculares sin sustento suficiente.
Aun así, la Alcaldía insiste en que la prioridad es salvar vidas. “Las cifras hablan por sí solas”, declaró un portavoz del despacho de movilidad. “Si las medidas temporales ayudan a prevenir muertes, vale la pena considerarlas, siempre y cuando se comuniquen oportunamente y se acompañen de educación y control”.
El dilema no tiene una respuesta única: mientras las restricciones reducen los riesgos inmediatos, su reiteración podría generar rechazo ciudadano y pérdida de legitimidad institucional. Para los expertos, la solución pasa por un enfoque integral que combine control, infraestructura y pedagogía.
El debate sobre nuevas restricciones a motociclistas en Bogotá ilustra la tensión entre seguridad y libertad de movilidad. Si bien las cifras respaldan la necesidad de intervenir, el reto está en diseñar políticas sostenibles que no castiguen a quienes dependen de la moto para subsistir.
El futuro inmediato dependerá de cómo la administración distrital logre equilibrar ambas prioridades: proteger la vida en las vías sin obstaculizar el trabajo de miles de motociclistas que forman parte esencial de la economía urbana.