Operación combinada en veredas de Calamar busca frenar movilidad de estructuras armadas
El suroriente colombiano amaneció con un despliegue de Fuerza Pública en corredores selváticos de Calamar, Guaviare, donde se reportó un choque que dejó 19 personas muertas, presuntamente de estructuras asociadas al Estado Mayor Central. La intervención se concentró en trochas y afluentes usados para rotación de personal y abastecimiento, con énfasis en zonas boscosas de difícil acceso. El objetivo declarado: interrumpir líneas de mando y refugio.
En la vereda Itilla y puntos cercanos, unidades del Ejército, FAC y Policía cerraron posibles rutas de escape, apoyadas por inteligencia y plataformas aéreas. La planificación contempló ventanas climáticas y lectura de patrones de movimiento detectados en días previos. A nivel táctico, las maniobras buscaron sorprender campamentos y neutralizar anillos de seguridad.
El balance provisional informó 19 muertos y una captura, además de una lista amplia de material de guerra: 23 fusiles, morteros, granadas y miles de cartuchos. Este hallazgo sugiere capacidad de fuego acumulada para hostigar centros poblados y puestos policiales en Guaviare y Meta. Peritos trabajan en seriación de armas para reconstruir redes logísticas.
Desde Bogotá se confirmó que la orden política respaldó el empleo de medios aéreos y de asalto, dentro del marco de reglas de enfrentamiento vigentes. La Presidencia defendió la medida como respuesta a actos violentos y persistencia de economías ilícitas que afectan a campesinos, comerciantes y transportadores rurales. La narrativa oficial subraya legitimidad y necesidad de la acción.
En el terreno, autoridades coordinaron con alcaldías y gobernación medidas para mantener tránsito humanitario, evitar bloqueos y monitorear necesidades básicas en veredas con limitada conectividad. Aunque no se reportaron desplazamientos masivos al cierre de esta edición, líderes comunitarios piden información constante y presencia civil que acompañe la militar.
La geografía de Guaviare sigue siendo un factor: selva cerrada, ríos con meandros y pisos térmicos que alteran la visibilidad favorecen la movilidad clandestina. Por ello, los mandos insisten en mantener patrullajes y puntos de control temporales hasta consolidar la zona. En paralelo, la Fiscalía activa líneas investigativas para identificar a los fallecidos y su rol en las estructuras.
Observadores señalan que, más allá del golpe táctico, el reto es sostener la seguridad con justicia y oferta estatal: vías, mercados, educación y salud. Sin mejoras en la economía rural y control de rentas ilegales, la presión armada tenderá a reconfigurarse. El caso Guaviare vuelve a ser un termómetro de la política de seguridad nacional.