Investigación revela nexos en tres países diferentes
La Cuarta Brigada del Ejército Nacional y agentes del CTI de la Fiscalía ejecutaron una operación en Llanogrande, Rionegro, que resultó en la captura de dos personas señaladas de liderar una red transnacional de extorsión. Los detenidos son Julia Maydankina, ciudadana rusa con documentación colombiana, y Hugo Ernesto Romero Páez, colombiano de 35 años.
Según el informe de las autoridades, los capturados operaban desde una residencia de lujo en un condominio exclusivo de la zona. La investigación, que involucró información de autoridades de al menos tres países, identificó un patrón de extorsiones que se ejecutaron entre 2021 y 2023, afectando empresarios y usuarios de plataformas digitales.
El esquema criminal consistía en el acceso irregular a información privilegiada de clientes, la cual era posteriormente utilizada para exigir pagos equivalentes entre el 20 y 50 por ciento de los ingresos mensuales de las víctimas. Los cobros se realizaban mediante criptomonedas en plataformas como Binance.
De acuerdo con el expediente al que tuvo acceso este medio, Maydankina habría establecido alianzas con terceros para obtener acceso a bases de datos y información sensible. Esta información era procesada y utilizada por Romero para contactar a las víctimas y ejecutar las extorsiones. El método evitaba el uso de sistemas financieros tradicionales, dificultando el rastreo de las transacciones.
Los registros indican que las víctimas se encontraban en Colombia, Venezuela, España y otros países no especificados en el informe preliminar. Las autoridades continúan verificando el alcance geográfico de las operaciones y el número total de afectados. La investigación ha identificado flujos financieros irregulares que estarían vinculados a la actividad criminal.
Hugo Ernesto Romero Páez aparece registrado en documentos oficiales como empresario del sector tecnológico. En noviembre de 2017 constituyó una empresa en Bogotá dedicada a consultoría informática y administración de instalaciones informáticas. También figura como socio de R&R Grupo Inmobiliario e Inversiones SAS, firma con sede en la capital del país.
La documentación de la inmobiliaria registra propiedades en tres ciudades: Concepción, Antioquia; Medellín y Bogotá. Por su parte, Julia Maydankina aparece como propietaria de un lote en Rionegro desde 2014, en la parcelación Colinas de Paimado. Los investigadores están verificando si estas propiedades fueron adquiridas con recursos de origen lícito.
En declaraciones públicas realizadas a través de redes sociales, Maydankina describía sus actividades como empresaria del sector cosmético e inmobiliario. Afirmaba poseer inversiones en call centers y proyectos de construcción en Medellín y Bogotá. Esta información está siendo cotejada con registros comerciales y tributarios.
Los vecinos del condominio en Llanogrande habían reportado movimientos inusuales en la residencia ocupada por la pareja. La mansión cuenta con piscina privada y cancha de fútbol, características propias de las viviendas de alto valor en la zona. La presencia de la pareja no había generado sospechas formales hasta que las autoridades iniciaron la vigilancia del inmueble.
Desde el Ejército Nacional se informó que la operación permitió desarticular una estructura criminal con afectación de rentas ilegales por más de 25 millones de dólares y 523 millones de pesos. Las cifras corresponden a los montos identificados en la investigación preliminar y podrían incrementarse conforme avance el proceso judicial.
La Fiscalía imputará a los capturados los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión agravada, extorsión, utilización indebida de información privilegiada y acceso abusivo a un sistema informático. El proceso judicial determinará la responsabilidad de los detenidos en los hechos investigados.
Las autoridades continúan verificando si existen más personas involucradas en el esquema criminal, tanto en Colombia como en otros países. También se investiga el origen de los recursos utilizados para constituir los negocios registrados a nombre de la pareja. El caso evidencia el uso de tecnologías financieras alternativas en actividades delictivas transnacionales.