Las autoridades los señalan de integrar una red que extorsionaría a empresarios mediante datos privados y criptomonedas
El caso de la joven rusa capturada en Llanogrande no se mueve solo en el terreno de las operaciones digitales y las criptomonedas. Detrás del nombre de Julia Maydankina aparece una historia empresarial que involucra a una de las familias con presencia en el sector de los supermercados en Colombia. Su esposo, Hugo Ernesto Romero Páez, no solo fue detenido como presunto integrante de una red de extorsión, sino que además figura en documentos de El Arrozal y Cía. SCA, la compañía matriz de los Supermercados Líder y de otras empresas que cambiaron de manos tras la muerte del patriarca, Roberto Romero Liévano.
La Unidad Investigativa estableció que El Arrozal fue asesorada por el auditor Roberto Franco Charry, asesinado en febrero de 2024 en un edificio cercano al parque de la 93, en el norte de Bogotá. Franco Charry trabajaba en medio de una compleja disputa societaria entre herederos, en la que se definían cuotas, activos y el control real del conglomerado. En ese escenario, la presencia de Hugo Romero como gestor suplente temporal de la firma, y su parentesco como nieto del fundador, hacen que su rol sea observado con lupa por los investigadores.
El expediente por el homicidio del auditor señala que fue precisamente Hugo Romero quien acompañó a Franco Charry en los minutos posteriores al ataque sicarial y lo trasladó de urgencia a la Clínica del Country, donde murió poco después. Según versiones familiares recogidas por el diario, el empresario asesinado era visto casi como un padre para el hoy capturado, lo que se tradujo en cercanía profesional y personal. Ese vínculo, sin embargo, hoy es reinterpretado bajo la luz de la captura en Antioquia y de la supuesta red de extorsión digital en la que participan Romero y Maydankina.
El otro componente de la historia es Red-Dot, la estructura criminal a la que las autoridades dicen que pertenece la pareja. De acuerdo con los reportes, esta red habría utilizado plataformas virtuales para acceder a información privada de empresarios y de usuarios de una plataforma digital, exigiendo entre el 20 y el 50 por ciento de sus ingresos mensuales a cambio de no revelar datos sensibles, con pagos canalizados en criptomonedas. Ese modelo habría operado durante al menos dos años, aprovechando conocimientos técnicos y contactos en el mundo de los negocios.
Ante la atención mediática que despertó el nexo entre Llanogrande, El Arrozal y el crimen del parque de la 93, el abogado de Romero, Carlos Cárdenas, ha intentado trazar una línea divisoria clara. En declaraciones a El Tiempo, sostuvo que se trata de “dos asuntos diferentes”: por un lado, la disputa societaria de los supermercados, que califica como un tema de acreencias mercantiles; y, por el otro, el proceso penal por presunta extorsión, acceso abusivo a sistemas de información y utilización indebida de información privilegiada.
Cárdenas insiste en que la inclusión de su cliente en los papeles de El Arrozal se debe a su condición de heredero, igual que otros miembros de la familia, y que la venta de su participación se habría concretado en 2022, aunque esa actualización no se vea reflejada aún en todos los registros. También afirma que la medida de aseguramiento intramural contra Romero y la detención domiciliaria de Maydankina serían, en la práctica, mecanismos para proteger el proceso mientras se aclaran los hechos, y no una confirmación anticipada de culpabilidad.
Mientras tanto, las autoridades cruzan información entre los expedientes empresariales y los procesos penales. El objetivo es determinar si la relación entre los herederos de El Arrozal, el trabajo de Franco Charry y las actividades de Red-Dot se limitan a la coincidencia o si existe un hilo conductor que explique tanto la disputa societaria como la presunta extorsión a empresarios. Por ahora, la versión oficial es que la captura en la mansión de Llanogrande responde a una investigación autónoma sobre delitos informáticos y extorsivos, y que el vínculo con la empresa se analiza desde el punto de vista patrimonial y de contexto.
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El caso de Julia Maydankina y Hugo Romero, con epicentro en una mansión de Llanogrande, Antioquia, trasciende lo policial y se adentra en el mundo de las herencias empresariales, los Supermercados Líder y el asesinato del asesor Roberto Franco Charry en la zona rosa de Bogotá. A medida que avanzan las audiencias y se revisan los papeles de El Arrozal, la Fiscalía intenta establecer si se trató solo de coincidencias familiares o si detrás de Red-Dot y de la disputa societaria existe una trama más compleja que podría reconfigurar el mapa de responsabilidades en este sonado caso.