Operaciones revelan redes de lavado por miles de millones
Una serie de operativos policiales ha resultado en la captura de varios narcotraficantes de alto perfil vinculados al Clan del Golfo durante el mismo periodo en que los cabecillas de esta organización mantienen conversaciones exploratorias con el gobierno colombiano en Catar. Los datos oficiales muestran que estos arrestos se han producido desde agosto de 2024, cuando se reactivaron formalmente los acercamientos de paz.
Las capturas incluyen a financieros, lavadores de activos y coordinadores de rutas de narcotráfico que habían mantenido un perfil bajo, presentándose como empresarios legítimos en sectores como la construcción y el farmacéutico. En varios casos, la Fiscalía ha confirmado que testimonios de miembros del clan fueron determinantes para ubicar a estos delincuentes.
Los montos involucrados en las operaciones de lavado desarticuladas superan los 150 mil millones de pesos, con conexiones que se extienden a carteles mexicanos, balcánicos e italianos. Las investigaciones han revelado el uso de criptomonedas, empresas fachadas y operaciones internacionales complejas para dar apariencia de legalidad a los recursos del narcotráfico.
El 28 de octubre de 2024, Rubén Darío González Hoyos fue detenido en Apartadó mientras circulaba en una camioneta de alta gama. Conocido como alias Secre, este hombre de 35 años había abierto varias droguerías en Antioquia y Chocó desde principios de ese año. La Policía lo identificó como el principal cabecilla financiero de la estructura Juan de Dios Úsuga del Clan del Golfo.
Durante la audiencia de legalización de captura, la Fiscalía presentó testimonios de militantes del clan que proporcionaron información sobre las actividades de González Hoyos. Los investigadores establecieron que coordinaba el suministro y distribución de recursos económicos para la expansión del grupo en el Urabá antioqueño y chocoano. Se le atribuyen más de diez años de actividad criminal y cargos por lavado de activos y concierto para delinquir.
En operativos separados coordinados por la Dijín y la DEA, las autoridades capturaron a Iván Antonio Chaverra Montes, alias CaraNegra, y Fernando Vergara Palacios, alias Pechibola, en Rionegro y Medellín. Estados Unidos solicitó la extradición de ambos por delitos relacionados con narcotráfico. Según el informe oficial al que tuvieron acceso medios nacionales, estos individuos pertenecían a la misma estructura que alias Secre y mantenían conexiones directas con carteles mexicanos.
Roy Fernando Abuchar Cassiani, alias Roy, fue arrestado en Montería, Córdoba, en un conjunto residencial exclusivo. Este narcotraficante se presentaba como empresario de la construcción y aparecía como representante legal de varias compañías, entre ellas Rabuca SAS. Las investigaciones determinaron que coordinaba la siembra de hoja de coca y la instalación de laboratorios para el procesamiento de cocaína, además de dinamizar el tráfico en alianza con el Clan del Golfo en Antioquia y Chocó.
El caso de Pablo Felipe Prada Moriones ilustra la sofisticación de las redes de lavado desarticuladas. Un testigo lo señaló como jefe de una organización que movió 150 mil millones de pesos en un año utilizando criptomonedas y una fintech para darle apariencia de legalidad al dinero. La investigación incluyó interceptaciones en España y contó con un informante que entregó datos sobre tokens de billeteras virtuales y 820 transacciones.
Paralelamente a estas capturas, el gobierno del presidente Gustavo Petro mantiene conversaciones exploratorias con el Clan del Golfo en Doha, capital de Catar. El proceso fue confirmado oficialmente en agosto de 2024, con Catar actuando como facilitador. En septiembre de 2024 se realizó la primera ronda de negociación, donde se acordó un programa piloto de sustitución de cultivos ilícitos en cinco municipios de Antioquia y Chocó.
Álvaro Jiménez Millán encabeza la delegación del gobierno, mientras que Armando Pérez Castañeda actúa como vocero del Clan del Golfo en las conversaciones. El grupo, que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia, ha solicitado no ser catalogado como organización paramilitar o neoparamilitar, insistiendo en que su clasificación jurídica debe determinarse conforme al derecho internacional y colombiano.
Los datos disponibles confirman que múltiples operativos contra financieros y lavadores del Clan del Golfo se han ejecutado durante el mismo periodo en que transcurren las conversaciones de paz. Las autoridades han documentado que testimonios de miembros del clan fueron relevantes en varios de estos casos, aunque no han confirmado oficialmente si existe coordinación entre los dos procesos.
El Clan del Golfo mantiene presencia en más de 300 municipios de Colombia y cuenta con aproximadamente 2,675 hombres en armas y 4,876 en redes de apoyo, según cifras oficiales. El desafío para el gobierno es avanzar en las negociaciones sin una ley de sometimiento aprobada por el Congreso, mientras continúan las operaciones de las Fuerzas Militares y la Policía contra la estructura del grupo.