Siete bombardeos con presencia de niños muestran cómo dos gobiernos opuestos en el discurso mantuvieron la misma estrategia militar
En el papel, las políticas de seguridad de Iván Duque y Gustavo Petro parecen partir de orillas opuestas: mientras el primero defendió una ofensiva militar sin concesiones contra grupos armados ilegales, el segundo llegó al poder con la promesa de la “paz total” y la suspensión de bombardeos en campamentos donde hubiera menores reclutados. Sin embargo, el rastro que dejan siete operaciones aéreas entre 2019 y 2025 —con al menos 25 menores muertos— muestra una continuidad preocupante en el uso del bombardeo como herramienta central de la guerra.
Los casos ocurridos bajo el mandato de Duque, con Guillermo Botero y Diego Molano al frente del Ministerio de Defensa, ilustran el patrón: operaciones de alto impacto contra campamentos de disidencias, en zonas selváticas donde el Estado reconoce que hay presencia de adolescentes reclutados. Las muertes de menores en San Vicente del Caguán, Calamar y el Litoral de San Juan abrieron en su momento debates en el Congreso, mociones de censura y pronunciamientos internacionales, pero no modificaron de manera estructural la lógica de la ofensiva aérea.
Con la llegada de Petro y el nombramiento de Pedro Sánchez en Defensa, el discurso cambió, pero los hechos no tanto. El gobierno actual autorizó, al menos, cuatro bombardeos entre agosto y noviembre de 2025 en Guaviare, Amazonas y Arauca, todos contra estructuras ligadas a las disidencias de las FARC. En esos ataques murieron 15 menores de edad, según Medicina Legal, una cifra que contrasta con la promesa de “no repetir lo que hicieron gobiernos anteriores” y que hoy tiene al Ejecutivo bajo la lupa de organismos de control y tribunales.
Para analistas y organizaciones de derechos humanos, la controversia no se reduce a quién ocupa la Casa de Nariño, sino a la manera como el Estado ha entendido el uso legítimo de la fuerza frente a grupos que reclutan niños. El DIH prohíbe explícitamente el reclutamiento y la utilización de menores en hostilidades, pero también exige a los Estados adoptar todas las precauciones posibles para protegerlos, incluso cuando estos se encuentran dentro de estructuras armadas. Esa tensión entre combatir organizaciones criminales y evitar daños colaterales a la niñez está en el corazón del debate.
La Defensoría del Pueblo ha sido una de las voces más críticas, especialmente después de los operativos en Amazonas y Arauca, donde la entidad documentó la muerte de cinco adolescentes. Su titular, Iris Marín, pidió suspender los bombardeos en contextos donde se sepa o se sospeche la presencia de menores reclutados y cuestionó que, pese a advertencias previas, las operaciones se llevaran a cabo sin cambios sustanciales en los protocolos.
El Gobierno, por su parte, sostiene que la alternativa a estas operaciones sería dejar crecer sin control a estructuras armadas que amenazan comunidades rurales, rutas del narcotráfico y la propia implementación del acuerdo de paz. Petro ha afirmado que detener los bombardeos implicaría permitir que los jefes de las disidencias sigan reclutando niños, y ha insistido en que se siguen lineamientos de inteligencia y verificación de blancos. Aun así, organizaciones internacionales han advertido que los resultados finales —con niños muertos— obligan a revisar si esos estándares están siendo realmente aplicados.
Mientras el Congreso convoca debates de control político y la Procuraduría abre indagaciones, la discusión de fondo es si Colombia debe seguir apostándole al bombardeo como herramienta privilegiada en su política de seguridad. El recuento de siete operaciones con menores fallecidos refuerza la tesis de que el país enfrenta una encrucijada: o adapta sus métodos militares a un contexto donde el reclutamiento de niños es masivo, o seguirá acumulando cifras dolorosas que afectan su legitimidad interna y su imagen ante la comunidad internacional.
La lista de siete bombardeos con presencia de menores, ocurridos desde el gobierno de Iván Duque hasta el de Gustavo Petro, confirma que el debate sobre la política de seguridad en Colombia ya no se limita a la confrontación entre derecha e izquierda. Las cifras de niños muertos y las advertencias de organismos como la Defensoría del Pueblo y Naciones Unidas obligan a revisar el uso de bombardeos, reforzar el cumplimiento del DIH y diseñar estrategias que protejan a la niñez reclutada en zonas de conflicto, especialmente en departamentos como Guaviare, Amazonas y Arauca.