El Gobierno sostiene que actúa bajo el DIH, mientras la Procuraduría revisa si se respetaron los protocolos
El debate convocado en la Cámara de Representantes no giró solo alrededor de la legitimidad de los bombardeos como herramienta militar. Lo que puso sobre la mesa la representante Catherine Juvinao fue, sobre todo, la consistencia de las cifras oficiales sobre menores fallecidos durante las operaciones de la Fuerza Pública en el gobierno de Gustavo Petro. Con documentos de Medicina Legal en mano, la congresista aseguró que los datos difundidos por las autoridades no coinciden plenamente con los registros forenses, lo que sugeriría un subregistro de víctimas.
Según los datos conocidos hasta ahora, Medicina Legal ha informado de 15 menores muertos entre agosto y noviembre de 2025 en operativos militares en departamentos como Guaviare, Amazonas y Arauca. Sin embargo, Juvinao afirmó que, al revisar el histórico, aparecen dos bombardeos adicionales, en 2023 y 2024, de los que no se hablaba en los reportes iniciales y en los que habría fallecido un menor en cada caso. Para la congresista, el reconocimiento tardío de estos hechos revela que no hay un sistema robusto y transparente de conteo de víctimas.
El señalamiento más fuerte, sin embargo, recae sobre cinco bombardeos realizados en Meta, Cauca y Antioquia, de los que se conoce muy poco más allá de las versiones preliminares. De acuerdo con lo expuesto en el debate, en el caso de Zaragoza, Antioquia, se habló en su momento de hasta 80 muertos, sin que hasta la fecha se haya publicado un listado completo que permita saber quiénes eran esas personas, cuántos eran combatientes y si entre ellas había menores. Esa ausencia de información detallada impide, por ejemplo, que las familias puedan exigir verdad y reparación.
El segundo componente del reclamo tiene que ver con la forma en que se consolidan los datos de enfrentamientos en tierra. Juvinao sostuvo que Medicina Legal registra 25 menores de edad muertos por arma de fuego atribuible a la Fuerza Pública en distintos episodios ocurridos entre 2022 y 2024. Esa cifra, sumada a las víctimas de bombardeos, daría un total de 42 niños, niñas y adolescentes fallecidos en el marco de operaciones militares bajo la actual administración. El número, por sí solo, aviva la discusión sobre si se han tomado todas las medidas para minimizar el riesgo sobre población protegida.
Mientras tanto, el Gobierno insiste en que las decisiones operacionales se ajustan al Derecho Internacional Humanitario y que los blancos elegidos son estructuras armadas responsables de reclutamiento forzado y ataques contra la Fuerza Pública. El presidente Petro ha defendido la continuidad de los bombardeos, argumentando que suspenderlos incentivaría a los grupos ilegales a reclutar más menores para escudarse de la acción militar. No obstante, organizaciones de derechos humanos han advertido que esta lógica no puede convertirse en un cheque en blanco para operaciones en las que la línea entre combatiente y población infantil reclutada es difusa.
En este contexto, la Procuraduría anunció que sus cinco indagaciones preliminares buscarán esclarecer si, antes de cada operativo, se agotaron los mecanismos de verificación sobre posible presencia de menores y si, durante la ejecución, se adoptaron las precauciones necesarias para evitar daños colaterales. Para expertos en derecho internacional, los resultados de estas investigaciones serán clave para determinar si el Estado cumplió sus obligaciones de protección o si hubo fallas graves de inteligencia y planeación.
El debate también deja al descubierto un vacío recurrente en el manejo institucional de la información sobre víctimas: no existe un protocolo unificado y público que permita cruzar los datos de la Fuerza Pública, Medicina Legal, la Defensoría del Pueblo y las entidades territoriales. Esa fragmentación facilita que, como lo denunció Juvinao, unas bases de datos hablen de 15 muertos por bombardeos mientras otras registran 17, y que episodios con alto impacto local queden relegados a informes internos sin mayor escrutinio.
Mientras se aclara si hubo subregistro de menores muertos en bombardeos y enfrentamientos, el caso pone la lupa sobre la necesidad de un sistema único y transparente de información sobre víctimas del conflicto. El pulso entre las denuncias de Catherine Juvinao, los reportes de Medicina Legal y la defensa del Gobierno Petro no solo marcará la agenda del Congreso, sino que será determinante para evaluar el cumplimiento de Colombia frente a los estándares del DIH y a la promesa de priorizar la vida de los niños y niñas en cualquier estrategia de seguridad.