El relato de Ana María Vélez en X reavivó el debate sobre la inseguridad y la respuesta del Distrito
La historia del robo a la periodista Ana María Vélez comenzó como tantas otras denuncias ciudadanas de los últimos años: con un mensaje en redes sociales. En la madrugada del 20 de noviembre, la comunicadora acudió a su cuenta de X para relatar el hurto violento del que fue víctima horas antes, cuando hombres armados la abordaron en el barrio Normandía y la despojaron de su Mazda CX-30, su celular y sus documentos. Lo que empezó como un testimonio personal se convirtió rápidamente en una conversación colectiva sobre la inseguridad en Bogotá.
En su primer mensaje, Vélez describió la magnitud del golpe: “Me dejaron sin carro, sin celular, sin papeles”, escribió, dejando en evidencia no solo la pérdida material, sino también la sensación de desprotección ante la delincuencia. Luego, en una nueva publicación, añadió una frase que capturó el tono de muchos ciudadanos: “Esta ciudad es invivible”. La contundencia de sus palabras resonó entre usuarios que, a diario, leen y comparten historias similares en las plataformas digitales.
A partir de ese momento, la cuenta de la periodista se llenó de mensajes de apoyo, ofrecimientos para ayudar a encontrar el vehículo y testimonios de personas que han sido víctimas de atracos en distintas zonas de Bogotá. Varios usuarios le pidieron detalles de la ubicación del robo y características del carro para difundirlas en grupos comunitarios y redes vecinales. Vélez respondió con la hora exacta del hecho —10:08 p. m.— y la intersección donde ocurrió: calle 64B con 71A, en el occidente de la ciudad.
La comunicadora explicó que, pese a la presión por revelar la placa del vehículo, prefería no hacerlo por temor a intentos de extorsión. Sin embargo, señaló que el hurto fue captado por varias cámaras de seguridad y que esa información ya está en conocimiento de las autoridades. Su prudencia al manejar los datos personales contrasta con el deseo de muchos ciudadanos de exponer toda la información disponible, incluso a riesgo de re-victimización, con tal de lograr resultados concretos en la búsqueda de sus bienes.
El caso también puso en evidencia la función de las redes sociales como escenario informal de denuncia. Ante la percepción de que los procesos institucionales son lentos y poco efectivos, cada vez más bogotanos recurren a plataformas como X, Facebook o WhatsApp para visibilizar hechos de inseguridad, compartir videos de cámaras de vigilancia y coordinar acciones de apoyo entre vecinos. La experiencia de Vélez se suma a otros episodios en los que periodistas, figuras públicas y ciudadanos anónimos han logrado amplificar sus denuncias gracias a la presión digital.
En paralelo al relato de la víctima, organizaciones y líderes locales aprovecharon el caso para recordar las cifras que dan contexto al problema. Solo en el primer semestre de 2025 se registraron 15.000 celulares robados en Bogotá, un promedio de 87 por día, mientras que, a julio de ese mismo año, se contabilizaban 1.147 vehículos hurtados, con mayor concentración en localidades del occidente y sur de la ciudad. Estos datos refuerzan la idea de que lo ocurrido con la periodista no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia sostenida.
Aunque muchas de las respuestas en redes expresaron frustración y miedo, también surgieron llamados a fortalecer el trabajo comunitario y el diálogo con las autoridades locales. Residentes de barrios como Normandía, Engativá y Puente Aranda insistieron en la necesidad de mejorar el alumbrado público, revisar puntos críticos donde se concentran los atracos y articular frentes de seguridad con la Policía. En ese escenario, las redes sociales se convierten en un puente entre la experiencia individual de una víctima y las acciones colectivas que pueden contribuir a cambiar la realidad en las calles de Bogotá.
El robo a la periodista Ana María Vélez mostró cómo la ciudadanía utiliza hoy las redes sociales para denunciar hechos de inseguridad en Bogotá, exigir respuestas a las autoridades y construir redes de apoyo en barrios como Normandía, Engativá o Puente Aranda. Más allá del impacto mediático, el caso evidencia la necesidad de políticas públicas efectivas contra el hurto de vehículos y celulares, así como de canales de atención ágiles que permitan a las víctimas sentirse acompañadas y protegidas en la capital colombiana.