El pulso entre el Distrito, el Gobierno y la Nueva EPS muestra cómo las decisiones regulatorias, las deudas y la capacidad hospitalaria se cruzan en la capital del país
La crisis de la Nueva EPS en Bogotá se ha convertido en un caso de estudio sobre cómo una intervención estatal puede reconfigurar —y tensionar— el equilibrio de un sistema de salud ya presionado por la demanda. Para el Distrito, las cifras hablan por sí solas: a la par que se triplican las deudas con la red pública, las urgencias se desbordan y los hospitales destinan más recursos a atender pacientes de la EPS más grande del país. Para la aseguradora, en cambio, los mismos números se interpretan como evidencia de su esfuerzo por ponerse al día: pagos por más de 74.000 millones y acuerdos de cartera que, según sostiene, no son plenamente reconocidos en los reportes distritales.
El primer punto de fricción está en la forma de calcular la deuda. La Secretaría de Salud incluye en sus estimaciones facturas vencidas, servicios prestados sin contrato actualizado y cuentas en conciliación, lo que eleva el monto total de la cartera y refuerza el relato de un sistema al borde del colapso. Nueva EPS, por su parte, solo reconoce como obligación vigente lo que está soportado en contratos formalizados o acuerdos de pago firmados, lo que reduce la cifra y le permite afirmar que está cumpliendo con los compromisos adquiridos con las subredes de Bogotá.
El segundo foco de análisis es el impacto de la intervención en la operación diaria. La Personería de Bogotá y el propio Distrito han documentado que, desde que el Gobierno tomó el control mayoritario de la aseguradora, se han incrementado las remisiones a hospitales públicos, la saturación en urgencias y las quejas de usuarios por retrasos en autorizaciones. La hipótesis de las autoridades locales es que la reorganización interna, la incertidumbre financiera y la renegociación de contratos terminaron trasladando la carga a una red pública que ya venía operando bajo presión.
Para el Gobierno nacional, sin embargo, la intervención era inevitable. La Nueva EPS acumulaba cuestionamientos sobre su capacidad de pago, tiempos de respuesta y manejo de recursos, lo que llevó a la Superintendencia de Salud a asumir el control y a la Nación a quedarse con la mayoría accionaria. Desde esa orilla se argumenta que, si no se hubieran tomado medidas, el riesgo de una quiebra desordenada habría sido mayor y el impacto sobre los usuarios, aún más grave. El problema es que los resultados en Bogotá no han logrado disipar las dudas sobre la efectividad de esa estrategia.
Voces de expertos en salud pública señalan que el caso de la Nueva EPS en Bogotá revela un problema estructural: la dependencia de la red pública de las cuentas por cobrar a las EPS. Cuando los pagos se retrasan o se disputan, hospitales como Kennedy o el Simón Bolívar quedan atrapados entre la obligación ética de atender y la falta de liquidez para sostener nóminas, insumos y servicios. En ese contexto, cada desacuerdo de cifras entre el Distrito y una aseguradora se traduce en más incertidumbre para clínicas, médicos y pacientes.
Otra arista del debate tiene que ver con la gobernanza del sistema. La tensión entre el Distrito, el Gobierno nacional y la Nueva EPS pone sobre la mesa la pregunta de quién debe asumir la coordinación cuando una EPS intervenida concentra millones de afiliados en una sola ciudad. Bogotá reclama más participación en las decisiones sobre contratación y priorización de pagos, mientras que el Ejecutivo insiste en que, al ser una entidad de alcance nacional, la hoja de ruta debe construirse desde los lineamientos del Ministerio y la Superintendencia.
En la práctica, el futuro de la Nueva EPS en Bogotá dependerá de la capacidad de esos actores para armonizar sus cuentas y evitar que el pulso político y financiero se traduzca en más barreras de acceso para la población. Si los acuerdos de pago se concretan, las deudas se sinceran y se refuerzan los contratos con la red pública y privada de la ciudad, la capital podría sortear la fase más crítica de la crisis. De lo contrario, el caso podría convertirse en un precedente para otros territorios donde también se cuestiona la sostenibilidad de la EPS y de sus redes de atención.
El choque de cifras entre la Nueva EPS y el Distrito de Bogotá no es solo un enfrentamiento de comunicados: define la estabilidad financiera de hospitales, la continuidad de tratamientos y la calidad de la atención en la capital. Mientras el secretario de Salud insiste en que la intervención fue un “desastre” y la aseguradora defiende sus pagos, la ciudadanía espera soluciones concretas que reduzcan las filas, fortalezcan las urgencias y den certeza sobre el futuro de la EPS más grande de Colombia. Lo que ocurra en Bogotá será clave para entender el rumbo de la reforma y la sostenibilidad del sistema de salud.