Grupos armados buscan combatientes de bajo costo
El reclutamiento de menores en Colombia no es un fenómeno nuevo, sino una práctica que se ha perpetuado a través de décadas de conflicto armado. Expertos en violencia política señalan que esta realidad responde a una lógica perversa de demanda y oferta, donde convergen la necesidad de los grupos armados de tener combatientes de bajo costo y la vulnerabilidad de miles de niños que viven en condiciones de pobreza extrema.
Mónica Hurtado, docente e investigadora del tema, explica que el reclutamiento ha estado ligado a los grupos armados en Colombia desde la época de la violencia. Si se observa la historia de algunos bandoleros renombrados, varios de ellos habían comenzado siendo menores de edad. Incluso algunos fueron asesinados siendo menores. Esta continuidad histórica revela que el problema tiene raíces estructurales profundas en la sociedad colombiana.
Sin embargo, la experta advierte que es un error pensar que se trata de un aspecto que no se puede erradicar. Afirma que decir que esto es un problema sin fin resulta fatalista. Como país, no existe la opción de rendirse ante esta realidad. La solución debe encontrarse necesariamente, aunque implique transformaciones profundas en las condiciones sociales y económicas que facilitan el reclutamiento.
Hurtado resalta que no se puede observar el reclutamiento de menores como un tema lineal, sino que se trata de algo que se registra por diferentes razones en distintos contextos. Existen debates que no se han resuelto y Colombia es un ejemplo de eso. Una pregunta fundamental es cómo calificar el grado de responsabilidad del Estado y de los grupos armados. Esta es una mirada desde la ciencia política que reconoce que esto es una guerra, y en la guerra hay dinámicas muy perversas.
La investigadora recuerda que gran parte de los menores reclutados son de familias de escasos recursos, que responden a una necesidad de tener combatientes que no generen costos significativos para los grupos armados. Hay niños en una gran condición de pobreza que encuentran alternativas de vida, de resolver problemas apremiantes del diario vivir vinculándose a grupos armados ilegales. Por otro lado, están los grupos armados que necesitan combatientes que duren mucho tiempo y que no sean tan costosos para ellos, como podría resultar un soldado profesional.
Esta lógica económica del reclutamiento explica por qué el fenómeno persiste a pesar de los esfuerzos de prevención. Los menores representan un recurso valioso para los grupos armados por varias razones. Son más fáciles de manipular psicológicamente, aceptan condiciones precarias sin cuestionamiento, no demandan salarios elevados y pueden ser moldeados según las necesidades de la organización armada. Además, su uso genera menor rechazo social en algunas comunidades que han normalizado la presencia de niños en las filas.
El análisis de las zonas más afectadas revela un patrón claro. Las regiones con mayores índices de reclutamiento son aquellas donde confluyen varios factores: presencia débil del Estado, altos niveles de pobreza, falta de oportunidades educativas y laborales, y control territorial de grupos armados. El litoral Pacífico, Cauca, Nariño, Chocó, Arauca y Norte de Santander cumplen con estas características, creando un ambiente propicio para que el reclutamiento se perpetúe.
La dimensión étnica del problema añade una capa adicional de complejidad. El 52 por ciento de las víctimas de reclutamiento en los últimos dos años pertenece a comunidades indígenas y afrodescendientes. Esto no es coincidencia, sino el resultado de la marginación histórica que han sufrido estos pueblos. La falta de inversión estatal en sus territorios, combinada con la presencia de grupos armados que explotan recursos naturales y rutas del narcotráfico, crea condiciones ideales para el reclutamiento.
Los grupos armados han desarrollado estrategias cada vez más sofisticadas de captación. Ya no se limitan al reclutamiento forzado tradicional, donde simplemente arrebatan a los niños de sus hogares. Ahora utilizan métodos que incluyen el engaño, falsas promesas de remuneración económica, manipulación afectiva a través de relaciones sentimentales, y más recientemente, el uso de redes sociales para normalizar la vida armada y presentarla como una opción atractiva para jóvenes sin perspectivas.
El fenómeno también debe entenderse en el contexto de las dinámicas cambiantes del conflicto armado colombiano. Tras la desmovilización de las FARC en 2016, surgieron nuevas estructuras armadas que compiten por el control territorial y económico. Esta competencia ha intensificado el reclutamiento, ya que cada grupo busca aumentar su pie de fuerza para mantener o expandir su influencia. Los menores se convierten así en un recurso estratégico en las disputas territoriales.
El análisis del reclutamiento infantil en Colombia revela que este no es simplemente un crimen de guerra, sino un síntoma de problemas estructurales más profundos. La solución requiere no solo acciones militares contra los grupos armados, sino también inversión social masiva en las regiones más vulnerables. Mientras persistan las condiciones de pobreza extrema, falta de educación y ausencia estatal, seguirá existiendo una “oferta” de menores vulnerables que los grupos armados pueden captar.
La responsabilidad es compartida pero diferenciada. Los grupos armados son los perpetradores directos del crimen, pero el Estado tiene la obligación de garantizar condiciones de vida dignas que eliminen la vulnerabilidad de los niños. La sociedad civil también debe involucrarse activamente en la prevención y en el rechazo social a esta práctica. Solo con un esfuerzo conjunto y sostenido será posible romper el círculo vicioso que mantiene a miles de niños colombianos atrapados en la guerra.