Organizaciones del sector expresan preocupación por propuesta
Un proyecto de decreto del gobierno nacional propone modificar los requisitos para acceder a los cargos de embajador extraordinario y plenipotenciario, así como de cónsul general central. La iniciativa eliminaría las exigencias de formación académica, experiencia profesional y conocimiento de idiomas extranjeros, dejando únicamente como requisitos la nacionalidad colombiana por nacimiento y una edad mínima de 25 años.
El Departamento Administrativo de la Función Pública elaboró el borrador que busca modificar el parágrafo 2 del artículo 2.2.2.4.10 del Decreto 1083 de 2015. Esta propuesta se enmarca en lo que el gobierno describe como la promoción de condiciones amplias, equitativas y no discriminatorias de acceso a los empleos diplomáticos de más alto nivel.
Dos organizaciones sindicales del sector diplomático, ASODIPLO y UNIDIPLO, emitieron el 21 de noviembre de 2025 un comunicado conjunto rechazando el proyecto. Según estas entidades, la medida representa un cambio sustancial en los criterios de selección que han regido el servicio exterior colombiano durante décadas.
La normativa vigente establece que los aspirantes a embajador extraordinario y plenipotenciario o cónsul general central deben acreditar un título profesional en cualquier disciplina académica, un posgrado en cualquier modalidad y experiencia profesional relacionada con el cargo. El sistema actual también contempla la posibilidad de aplicar equivalencias según lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015.
El texto propuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública establece de manera explícita que para el desempeño de estos empleos de libre nombramiento y remoción no serán exigibles los requisitos generales de formación académica, experiencia profesional o equivalencias. La única condición sería ser nacional colombiano por nacimiento en ejercicio de su ciudadanía y contar con más de veinticinco años de edad.
La Asociación Diplomática y Consular de Colombia y la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular manifestaron que la propuesta, sumada a la Resolución 10142 del 19 de agosto de 2025 que modificó el manual de funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, configura lo que denominan un retroceso en la profesionalización del servicio exterior.
Las organizaciones argumentaron en su comunicado que estas decisiones afectan el equilibrio entre la Carrera Diplomática y los cargos de libre nombramiento, un balance que según sus declaraciones ha sido fundamental para garantizar representación diplomática competente durante décadas. Destacaron que los Cónsules Generales Centrales tienen bajo su responsabilidad funciones relacionadas con protección consular, atención de emergencias, servicios notariales, trámites migratorios y repatriaciones.
El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre las críticas surgidas desde sectores políticos y sindicatos diplomáticos. El mandatario recordó que la dirección de la política exterior corresponde constitucionalmente al jefe de Estado y que esta facultad se ejerce a través de la canciller y los embajadores. Petro argumentó que con el nuevo decreto se equipararían los requisitos para ser ministro con los exigidos para ser embajador.
Voces del ámbito político expresaron su posición frente al borrador. La senadora María Fernanda Cabal anunció acciones legales contra el decreto, mientras que la representante Catherine Juvinao cuestionó que el gobierno inicialmente solicitara hojas de vida a colombianos que estudiaron en el exterior, pero ahora proponga eliminar los perfiles académicos para cargos de relaciones internacionales.
Los sindicatos informaron que procederán a tomar las acciones legales que consideren pertinentes para la defensa de la Carrera Diplomática y Consular. También expresaron su disposición a mantener un diálogo con la Cancillería orientado a fortalecer, en lugar de debilitar, la misión del Servicio Exterior colombiano.
El borrador del decreto se encuentra actualmente en proceso de revisión y requeriría la firma de la canciller Rosa Villavicencio para su entrada en vigor. El documento representa una propuesta que modificaría de manera significativa la estructura de requisitos que ha caracterizado al servicio diplomático colombiano.
El debate generado por esta iniciativa pone de relieve las diferentes perspectivas sobre cómo debe configurarse el servicio exterior del país. Mientras el gobierno defiende la medida como una democratización del acceso a cargos diplomáticos, las organizaciones del sector la consideran un debilitamiento de los estándares profesionales que han regido la diplomacia colombiana.