El crimen ocurrió en plena tarde, en un restaurante frecuentado por familias en el sector de San Diego, oriente de Medellín
El 31 de enero de 2025 parecía un día común en el Mall del Indio, un centro comercial del sector de San Diego donde confluyen empleados de oficina, turistas y familias que buscan almorzar cerca de la vía Las Palmas. En el restaurante Mi Arepa, uno de los locales más concurridos, se sentó Jonathan Christopher Acevedo García, colombo–canadiense de 45 años, sin sospechar que ese sería su último plato servido en Medellín. Minutos después, un hombre se acercó por la espalda y le disparó en la nuca, frente a otros comensales que quedaron paralizados por el miedo.
Para los trabajadores del lugar, el ruido de los disparos rompió cualquier sensación de seguridad construida en los últimos años. Meseros, cajeros y clientes corrieron hacia la cocina o se lanzaron al piso buscando refugio, mientras el agresor huía hacia la salida del centro comercial. Los videos de seguridad muestran la frialdad con la que el atacante ejecutó su objetivo: no hubo amenazas ni discusiones previas, solo una secuencia rápida de pasos, un arma desenfundada y el disparo mortal.
Al poco tiempo llegaron patrullas de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, que acordonaron la zona y cerraron el paso a los vehículos. Para muchos habitantes de Medellín, ver nuevamente cintas amarillas, balizas encendidas y uniformados entrando a un centro comercial tocó fibras muy sensibles, en una ciudad que ha tratado de dejar atrás las imágenes de sicariato asociadas a su pasado violento. El hecho de que la víctima fuera un testigo federal de Estados Unidos elevó la preocupación local a una dimensión desconocida.
La comunidad del sector de San Diego expresó su temor ante la posibilidad de que estructuras del crimen organizado internacional estén operando con comodidad en la ciudad. Comerciantes consultados por medios locales contaron que, días después del homicidio, muchos clientes optaron por pedir domicilios o evitar la zona a ciertas horas, mientras otros preguntaban insistentemente si ya había capturas o nuevas medidas de seguridad. El asesinato pareció recordarle a Medellín que los ajustes de cuentas del narcotráfico pueden darse en cualquier esquina.
Conforme avanzó la investigación, se supo que Acevedo no era solo una víctima más de las estadísticas de homicidios. Las autoridades confirmaron que se trataba de un informante clave del FBI, que desde 2023 entregaba información sobre una red transnacional dedicada al tráfico de cocaína y al lavado de activos. Ese rol lo convertía en un objetivo de alto valor para quienes veían amenazados sus negocios criminales por su colaboración con Estados Unidos y Canadá.
El anuncio de hasta seis millones de dólares de recompensa por los tres hombres que aparecen en las grabaciones, y el cartel internacional que los retrata, dejaron claro que lo ocurrido en San Diego no fue un hecho aislado. Para los habitantes de Medellín, la millonaria cifra y la presencia de agencias como el FBI y la DEA en la investigación son señales de que el crimen trasciende las fronteras y pone a la ciudad en el centro del tablero del narcotráfico global.
Mientras las autoridades locales refuerzan operativos en el oriente de Medellín y en sectores como Loreto, donde fue hallada la moto de los sicarios, vecinos y comerciantes reclaman más presencia institucional y programas de prevención. El miedo convive con la cotidianidad: los restaurantes siguen abriendo, el tráfico continúa sobre la vía Las Palmas y los centros comerciales mantienen sus puertas abiertas, pero el recuerdo del almuerzo que terminó en asesinato permanece como una advertencia de que la ciudad aún no está a salvo de las estructuras que persigue la justicia internacional.
El asesinato del testigo federal colombo–canadiense en el Mall del Indio se ha convertido en un punto de referencia para medir el impacto del crimen organizado en la vida diaria de Medellín. La combinación de un sicariato ejecutado en un restaurante, la millonaria recompensa del FBI y las conexiones con redes de narcotráfico hacen de este caso un símbolo de los retos de seguridad que enfrenta la capital antioqueña, que busca consolidarse como destino turístico y de inversión pese a la amenaza permanente de estructuras criminales internacionales.