Gobierno sin votos suficientes para aprobar reforma
El proyecto de reforma tributaria presentado por el gobierno nacional enfrenta su virtual hundimiento en el Congreso de la República. La presentación simultánea de ponencias de archivo en la Cámara de Representantes y el Senado evidencia la falta de apoyo político necesario para su aprobación.
Los números son contundentes. En la Comisión Tercera del Senado, 10 de los 17 miembros firmaron la ponencia negativa, superando ampliamente la mayoría requerida. En la Cámara Baja, un grupo multipartidista respalda la iniciativa de archivo presentada por la representante Katherine Miranda, consolidando un frente parlamentario contrario a la propuesta del Ejecutivo.
El proyecto buscaba recaudar 16,3 billones de pesos en 2026 para financiar el Presupuesto General de la Nación aprobado por 546,9 billones de pesos. Sin embargo, la resistencia política, las críticas técnicas y el contexto electoral configuran un escenario adverso para cualquier iniciativa que implique aumento de impuestos.
La ponencia de archivo del Senado está respaldada por legisladores de múltiples bancadas. El Partido Liberal aporta tres firmas: Juan Pablo Gallo, Mauricio Gómez Amín y Karina Espinosa. El Partido Conservador suma dos apoyos: Efraín Cepeda y Liliana Bitar. El Centro Democrático contribuye con Ciro Ramírez y María Angélica Guerra. Otros partidos completan la lista: Juan Carlos Garcés del Partido de la U, Antonio Zabaraín de Cambio Radical y Jairo Castellanos de ASI.
El documento técnico presentado por estos congresistas establece que la iniciativa no responde a las necesidades estructurales del país. Los legisladores señalan que los efectos del proyecto podrían agravar la situación fiscal, afectando variables económicas clave como la inversión, el ahorro y el empleo. Esta argumentación técnica refuerza la posición política de rechazo al proyecto gubernamental.
En la Cámara de Representantes, la ponencia de archivo argumenta que Colombia alcanzó un límite en su presión tributaria. El documento sostiene que el proyecto deteriora la competitividad nacional, castiga a las familias formales, encarece la producción, golpea la inversión y debilita el crecimiento económico. Los congresistas consideran que, lejos de simplificar el sistema tributario, la propuesta añade más tarifas, bases y tributos superpuestos.
Los aspectos técnicos del proyecto original incluían modificaciones significativas al sistema impositivo. La reforma planteaba elevar la presión sobre personas naturales con tarifas de hasta 41 por ciento, gravar inflaciones y desmontar deducciones existentes. También contemplaba modificaciones al tratamiento de dividendos tanto para residentes como para inversionistas extranjeros, manteniendo la tasa de renta empresarial en niveles superiores al promedio internacional.
La ponencia destaca que el proyecto reintroducía un impuesto al patrimonio más amplio y costoso, junto con un gravamen del 1 por ciento sobre ingresos brutos de la extracción de hidrocarburos y carbón. Los críticos señalan que estas medidas, combinadas con un impuesto al carbono de naturaleza recaudatoria más que ambiental, configuran un paquete que traba la economía real del país.
El gobierno intentó modificar aspectos controvertidos del proyecto. El ministro Germán Ávila presentó ajustes que eliminaban artículos sobre combustibles, incluyendo la base gravable para distribuidores minoristas y las tarifas escalonadas para gasolina y ACPM a partir de 2026. También se retiraron disposiciones sobre mercancías premarcadas, buscando reducir la resistencia parlamentaria y sectorial.
Los ponentes coordinadores del proyecto manifestaron que aprobar nuevos impuestos en vísperas de elecciones resulta prácticamente imposible. El ambiente político muestra señales claras de rechazo, no solo por consideraciones técnicas sino por el costo electoral que implicaría para los congresistas apoyar una iniciativa de aumento tributario en un año electoral.
Los indicadores parlamentarios señalan un desenlace anticipado para la reforma tributaria. Las mayorías conformadas en ambas cámaras superan los umbrales necesarios para archivar el proyecto, configurando un escenario político que obliga al gobierno a replantear su estrategia fiscal para el año 2026.
El fracaso de esta iniciativa representa el segundo proyecto de reforma tributaria que el Congreso hundiría al gobierno de Gustavo Petro, tras el archivo de la Ley de Financiamiento en diciembre de 2024. La combinación de factores políticos, técnicos y electorales determina un contexto poco favorable para cualquier propuesta que implique nuevas cargas impositivas en el corto plazo.