Ecopetrol sin pronunciarse sobre enriquecimiento de funcionario
Documentos revelados por el periodista Daniel Coronell evidencian que la dirección de Ecopetrol recibió en febrero pasado información de la UIAF sobre un incremento patrimonial de siete mil millones de pesos del vicepresidente Bernardo Forero. Los reportes permanecen sin proceso interno visible tras diez meses.
El expediente incluye investigaciones previas que datan de 2016, cuando la firma FTI Consulting alertó sobre enriquecimiento sin justificación. Ese caso fue cerrado por prescripción de conductas, según registros de la Gerencia de Asuntos Disciplinarios de Ecopetrol en ese momento.
Los documentos señalan además presuntas presiones a contratistas en procesos de licitación en varias regiones operativas. La Presidencia de la República solicitó públicamente que se investigue si hubo enriquecimiento ilícito por parte del funcionario en cuestión.
La información fue entregada formalmente al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien hasta la fecha no ha emitido declaraciones públicas sobre las acciones tomadas respecto a estos reportes. La compañía tampoco ha confirmado si existe una investigación disciplinaria en curso contra el vicepresidente regional.
Bernardo Enrique Forero Duarte tiene 18 años de vinculación con Ecopetrol, habiendo ingresado en 2006. Su carrera en la petrolera lo llevó a ocupar diversos cargos hasta llegar a la vicepresidencia para la región Andina Oriente, una de las áreas operativas más importantes de la compañía.
Los Reportes de Operaciones Sospechosas constituyen herramientas del sistema de prevención de lavado de activos en Colombia. La UIAF, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, tiene la función de detectar y reportar operaciones financieras inusuales que puedan estar relacionadas con actividades ilícitas.
El informe de FTI Consulting de 2016 estableció hallazgos específicos sobre incrementos patrimoniales que no correspondían con los ingresos salariales conocidos. La decisión de archivar ese caso se fundamentó en argumentos técnico-jurídicos relacionados con plazos de prescripción de posibles faltas disciplinarias.
Los reportes más recientes mencionan actividades en campos petroleros como Caño Sur y Rubiales, así como en la ciudad de Neiva, donde Ecopetrol mantiene operaciones significativas. Las acusaciones involucran presuntas solicitudes de dinero a contratistas a cambio de favorecimiento en procesos contractuales.
El sistema de control interno de Ecopetrol contempla protocolos específicos para el manejo de alertas de la UIAF y reportes de operaciones sospechosas. Estos protocolos establecen plazos y procedimientos para investigar y, en su caso, sancionar conductas irregulares de sus funcionarios.
La ausencia de información pública sobre el trámite de estos reportes durante diez meses contrasta con los estándares de transparencia que se esperan de empresas estatales. Ecopetrol es una sociedad de economía mixta sujeta a control fiscal, disciplinario y político de diversas entidades del Estado colombiano.
El desarrollo de este caso dependerá de las decisiones que tome la dirección de Ecopetrol en los próximos días o semanas. La presión pública y el pronunciamiento presidencial podrían acelerar procesos internos que hasta ahora no han sido evidentes para la opinión pública.
La transparencia en el manejo de estos reportes será fundamental para preservar la confianza en los mecanismos de control de la petrolera estatal. Los ciudadanos esperan conocer si las alertas de la UIAF serán investigadas con rigurosidad y si se tomarán medidas disciplinarias en caso de comprobarse irregularidades.