En menos de siete días se han registrado dos ataques contra unidades militares en este municipio fronterizo de Arauca
Arauquita, un municipio clave en la frontera entre Colombia y Venezuela, acumula en cuestión de días dos ataques directos contra el Ejército Nacional. El hecho más reciente se presentó el 22 de noviembre, alrededor de las 4:30 de la tarde, cuando desconocidos lanzaron un artefacto explosivo tipo tatuco contra las instalaciones del Batallón Especial Energético y Vial N.º 1 General Juan José Neira, ubicadas en el casco urbano de la población. La detonación generó alarma entre los habitantes y obligó a la activación inmediata de los protocolos de seguridad.
De acuerdo con la información entregada por la institución castrense, el atentado no dejó personas heridas ni entre los uniformados ni entre la ciudadanía que reside en los alrededores, aunque sí produjo afectaciones materiales y una fuerte sensación de vulnerabilidad. Las autoridades locales destacaron que la rápida reacción de las tropas evitó que el ataque tuviera un saldo mayor, pues el objetivo era impactar directamente la infraestructura militar encargada de proteger la red energética y las vías estratégicas del departamento de Arauca.
Este atentado se suma al ocurrido el pasado 18 de noviembre, cuando, hacia el mediodía, un vehículo del Ejército que se desplazaba por Arauquita fue blanco de disparos. En esa ocasión, el automotor recibió al menos diez impactos de bala, y cuatro miembros de la institución –un suboficial, dos soldados profesionales y un soldado regular– resultaron heridos. Los militares fueron evacuados a Yopal, en Casanare, para ser atendidos en centros médicos especializados.
Aunque aún no hay confirmación oficial sobre los autores materiales del segundo atentado, la primera línea investigativa apunta a estructuras del ELN, organización armada que mantiene fuerte presencia en el oriente del país. Las autoridades han señalado que este grupo ilegal ha utilizado el departamento de Arauca como corredor para sus finanzas ilícitas, movimientos de hombres y tráfico de armas, aprovechando la cercanía con el territorio venezolano y las dificultades de control estatal en la zona.
En el trasfondo de estos hechos se encuentra un contexto de confrontación permanente entre la Fuerza Pública y diferentes actores armados. Recientemente, el presidente Gustavo Petro confirmó que en esta misma región se llevó a cabo un bombardeo contra el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, al mando de alias “Iván Mordisco”. Según el mandatario, el ataque contra Arauca hace parte de una serie de doce acciones violentas registradas durante su administración en este departamento, lo que evidencia el nivel de riesgo que enfrentan los militares y la población.
Para los habitantes de Arauquita, la seguidilla de atentados trae recuerdos de épocas de mayor intensidad del conflicto armado, cuando los hostigamientos, los paros armados y las amenazas eran parte de la cotidianidad. Comerciantes, transportadores y líderes sociales han reiterado que, además de acciones de fuerza, se requiere fortalecer la presencia institucional, recuperar la confianza ciudadana y garantizar una oferta social y económica que reduzca la dependencia de economías ilegales y la presión de los grupos armados.
Tras el atentado con tatuco, el Ejército y la Policía reforzaron el plan de seguridad con más patrullajes, retenes en las vías y monitoreo en puntos estratégicos de Arauquita y otros municipios araucanos. La investigación avanza bajo la coordinación de la Fiscalía, que busca determinar de dónde salió el artefacto, quién lo accionó y si existe conexión directa con el ataque previo al vehículo militar. El desafío para las autoridades es impedir que estos hechos se conviertan en una nueva ola de violencia contra la Fuerza Pública en la frontera oriental.
Los dos atentados recientes contra el Ejército Nacional en Arauquita confirman la compleja situación de seguridad que vive el departamento de Arauca y la importancia de fortalecer la presencia del Estado en la frontera con Venezuela. Mientras las autoridades avanzan en las investigaciones, la comunidad pide que se garantice la protección de los habitantes y de la infraestructura energética y vial, clave para el desarrollo regional y para la estabilidad de este corredor estratégico del oriente colombiano.