¿Ha cruzado el Estado una línea roja con las disidencias de Calarcá?
Las recientes revelaciones sobre comunicaciones entre alias Calarcá —jefe de una facción disidente de las FARC— y funcionarios de alto perfil del Estado marcan un punto de inflexión en la política de seguridad y paz en Colombia. A primera vista, las “conversaciones secretas” parecen abrir una caja de Pandora institucional. Lo que estaba planteado como testimonios de una facción armada renegada podría trastocar no solo la confianza en las Fuerzas Militares y el sistema de inteligencia, sino la misma narrativa oficial sobre la política de “Paz Total”.
El hallazgo de chats, correos y cartas que vinculan a Calarcá con el general Juan Miguel Huertas y el funcionario de inteligencia Wilmer Mejíano es simplemente un escándalo más: pone en entredicho la separación entre el Estado y actores criminales. La propuesta descrita en los archivos —crear una empresa de seguridad legal con apoyo de altos mandos estatales— sugiere un modelo de colaboración más profundo que podría servir como fachada para actividades ilegales o de control estratégico
Este tipo de empresas no sería algo nuevo: en la historia reciente de Colombia ya se han visto estructuras similares usadas por grupos paramilitares para legitimar poder económico y político, lo que genera un enorme peligro si se replicara con disidencias.
Los documentos también apuntan a filtraciones estratégicas: según los disidentes, habrían recibido información sobre operativos militares, ubicación de unidades, correos institucionales y frecuencias de radio. Si estos señalamientos son ciertos, estamos ante un nivel de infiltración que compromete la seguridad nacional. El riesgo no es solo militar, sino también político. Políticos de la oposición han advertido que estos vínculos podrían alimentar una narrativa de financiación ilegal o respaldo institucional a estructuras criminales, algo que debilita el contrato social. Por otro lado, el Gobierno de Petro ha defendido a los implicados, acusando que se trata de un montaje para “purgar” funcionarios leales. Si la acusación es válida, el escándalo refleja también una lucha interna por el control del aparato de seguridad. El Ministerio de Defensa ha prometido investigar con rigor, pero la magnitud de las acusaciones exige no solo una investigación superficial, sino una auditoría institucional profunda para evitar que se repitan mecanismos de cooptación. Finalmente, hay un elemento geopolítico que no se puede ignorar: la mención de un empresario chino vinculado con las disidencias abre el debate sobre actores externos y su papel en la financiación o suministro de armas
Aunque la Procuraduría ya abrió una investigación, muchos analistas apuntan a que solo revelará la punta del iceberg si no obtiene acceso completo a todos los archivos y testigos clave Para sectores de la oposición, estas revelaciones confirman temores de infiltración institucional y ponen en duda la efectividad de las políticas de paz. Desde el Gobierno, la narrativa oficial ha sido la de desacreditar las acusaciones como intentos de desestabilización, pero esa defensa podría volverse contraproducente si la presión pública crece.
Más allá de la gravedad de las acusaciones, el escándalo de los “archivos secretos de Calarcá” es una prueba de fuego para la institucionalidad colombiana. Si no se investiga con transparencia y profundidad, podría consolidarse una nueva forma de “paz con sombra”: una donde los diálogos y los contactos no son solo estratégicos, sino funcionales a estructuras criminales. El país exige no solo explicaciones, sino reformas reales.