Entre la campaña Petro y las disidencias: el dilema reputacional de Francia Márquez
El anuncio de chats que presuntamente implican a la vicepresidenta Francia Márquez con disidencias de las Farc ha desencadenado una tormenta política en Colombia, no solo por lo que dicen los mensajes, sino por lo que podrían simbolizar: un desafío a la institucionalidad y a la credibilidad del gobierno. Márquez respondió con firmeza calificando las versiones como “infamias” sin pruebas, pero la repercusión va más allá de su reputación personal; abre interrogantes sobre la transparencia en la financiación política, la relación entre el Estado y los grupos armados, y el papel de los medios en alertar o amplificar potenciales conspiraciones.
Primero, conviene analizar el origen de los chats: provienen de dispositivos incautados a alias Calará, vinculados a la disidencia liderada por Iván Mordisco. Estos mensajes no solo mencionan a Márquez; también contienen afirmaciones sobre un supuesto apoyo financiero a la campaña de Petro de 2022. En particular, una frase atribuida a Mordisco dice: “Todo se hizo a través de Francia Márquez”, lo que implica un rol de intermediación política. Sin embargo, Márquez señala que no hay evidencia concreta más allá de esas capturas y que el mensaje podría ser un montaje: “un delincuente usó mi nombre para darse importancia frente a otros delincuentes”, afirma desde una perspectiva institucional, esto plantea un problema: ¿cómo se valida la veracidad de los chats? ¿Qué mecanismos legales existen para autenticar pruebas digitales en este tipo de denuncias?
También hay un ángulo mediático: la difusión del reportaje por medios nacionales puede tener motivaciones políticas, algo que Márquez insinúa al pedir un periodismo “serio” que no viralice rumores sin verificar. Incluso algunos expertos en seguridad advierten que, si bien los chats no prueban por sí mismos delitos, podrían reforzar narrativas de conspiración que afectan la estabilidad del gobierno y erosionan la confianza ciudadana.
Además, el episodio podría tener eco internacional: la comunidad internacional observa con atención cómo Colombia gestiona los lazos entre actores armados y figuras políticas, especialmente en un contexto de posconflicto. También es relevante evaluar el riesgo de normalizar acusaciones sin sustento, lo cual podría deslegitimar procesos legítimos de denuncia y debilitar los instrumentos democráticos. Finalmente, la situación deja abierta una pregunta: más allá de negar, ¿qué hará el Estado y la Fiscalía para esclarecer si esos chats son auténticos, manipulados o simplemente parte de una estrategia de desinformación?
Las principales reacciones han venido del sector político opositor, que exige investigaciones más profundas y responsabiliza al Gobierno por posibles pactos ocultos con criminales. Mientras tanto, Márquez insiste en su inocencia y demanda a la justicia y a los medios que no conviertan rumores en juicios públicos sin evidencias.
En última instancia, las acusaciones contra Francia Márquez representan más que un escándalo personal: son un síntoma de las fragilidades institucionales y mediáticas en Colombia. Si no se investiga de forma rigurosa y transparente, el episodio podría minar la confianza ciudadana y abrir un precedente peligroso para la política nacional.