Inteligencia, ejército y guerra sucia: las implicaciones del escándalo Calarcá
El reciente escándalo desatado por el informe de Noticias Caracol desvela no solo presuntos vínculos entre disidentes de las FARC y altos funcionarios del Estado, sino también una amenaza estructural al sistema de seguridad e inteligencia de Colombia. El general Juan Miguel Huertas y el funcionario de inteligencia Wilmar Mejía son señalados como piezas clave de un entramado que podría convertir una organización ilegal en un actor semi-legal mediante una empresa fachada. Lo más inquietante de las revelaciones es la naturaleza de las propuestas: movilidad blindada, permisos para armas, y una estructura empresarial compartida. En un escenario de paz total, esto podría interpretarse como un intento de institucionalizar a disidentes bajo apariencia de legalidad. Este tipo de propuesta no es nuevo en la historia colombiana: durante los años noventa, las Convivir operaron como organizaciones de seguridad con doble cara, lo que generó múltiples escándalos de infiltración. La idea de legitimar a disidentes por vías legales resuena en ese pasado oscuro.
Además, según los chats y correos, habría acuerdos para evitar retenes militares y garantizar tránsito sin controles. Esto sugiere que no solo se buscaba legalización, sino también una red de protección estratégica para moverse libremente, lo que socava la autoridad del Estado. El papel de la Procuraduría también merece atención: abrió una investigación preliminar, pero surge la pregunta de si los mecanismos institucionales son suficientes para supervisar a sus propios altos mandos cuando están implicados en redes ilegales.
Desde la perspectiva política, el escándalo pone en evidencia uno de los riesgos más delicados del Gobierno Petro: la posible permeabilidad entre su administración y actores ilegales. Huertas, retirado durante el gobierno anterior, fue reintegrado por Petro, lo que ha generado críticas sobre el uso del poder militar para favores políticos. La legitimidad de la estrategia de “paz total” se ve cuestionada si, por un lado, se negocia con disidentes y, por otro, se les facilita una vía para operar legalmente con el apoyo de altos funcionarios.
En respuesta, el ministro Pedro Sánchez ha subrayado que la cooperación con criminales “es una línea roja” y que no habrá impunidad. Sin embargo, el tiempo dirá si la investigación interna y disciplinaria logra esclarecer estos vínculos de alto nivel o si queda en un ejercicio simbólico para calmar la indignación pública.
En definitiva, el escándalo de los “archivos secretos de Calarcá” orquesta una tormenta institucional: revela una posible fractura entre lo que el Estado dice combatir y las estructuras que podría estar tolerando desde adentro.