La disputa regional revela tensiones en el Gobierno
La confrontación entre Gustavo Petro y Carlos Caicedo, más allá de un choque personal, expone un reacomodo del poder dentro del progresismo colombiano. Lo que comenzó como una disputa por la Gobernación del Magdalena terminó en una acusación directa del exgobernador contra el presidente, a quien señala de “aniquilar” a Fuerza Ciudadana al respaldar a otro candidato en las elecciones atípicas del departamento. El episodio deja en evidencia que el ciclo de alianzas que llevó al poder al actual Gobierno ha entrado en una fase de tensión abierta.
La apuesta de la Casa de Nariño por Rafael Noya, un candidato cobijado por sectores petristas pero también por fuerzas tradicionalmente rivales como Cambio Radical y el Centro Democrático, fue interpretada por Caicedo como un giro estratégico: sacrificar un aliado incómodo en el Caribe para fortalecer un acuerdo más amplio alrededor del Pacto Histórico.
Esa lectura explica el tono de ruptura con el que el líder de Fuerza Ciudadana decidió responder desde Bogotá.
Al hablar de una “cúpula venida de la derecha” que habría “secuestrado” al presidente, Caicedo pone sobre la mesa un debate sensible dentro del Gobierno: hasta qué punto la búsqueda de gobernabilidad en el Congreso y en las regiones ha implicado concesiones a sectores que no se identifican plenamente con la agenda de cambio. Las menciones a dirigentes de alto perfil del Pacto Histórico apuntan a un cuestionamiento de la ruta que está tomando el proyecto oficialista en su fase de consolidación.
El choque también reaviva la discusión sobre la participación en política de los funcionarios públicos. Las intervenciones del presidente en medio de la campaña en el Magdalena —resaltando o cuestionando candidatos— han sido leídas por distintos sectores como una línea difusa entre el rol institucional y la militancia electoral. Caicedo se aferra a ese argumento para señalar que su movimiento fue puesto en desventaja por quien, en teoría, debía asegurarse de que la contienda se desarrollará en igualdad de condiciones.
En términos regionales, el caso Magdalena ilustra cómo los proyectos políticos locales pueden chocar con las decisiones que se toman en Bogotá. Fuerza Ciudadana ha construido un relato de transformación en Santa Marta y el departamento, con énfasis en la confrontación con las élites tradicionales y en la reivindicación de agendas territoriales.
Cuando el Gobierno central decide respaldar un candidato distinto al de ese proyecto, el mensaje que se envía al electorado caribeño es ambiguo y puede traducirse en desconfianza frente a la narrativa del cambio.
De cara a las presidenciales de 2026, la ruptura Caicedo–Petro obliga a revisar el mapa de alianzas dentro de la izquierda. Mientras algunos líderes, como Gustavo Bolívar, piden una salida negociada para evitar la dispersión del voto progresista, otros sectores ven en la fractura la confirmación de que el proyecto de Gobierno no ha logrado construir mecanismos sólidos de resolución de conflictos internos.
Si no se recompone la relación, la consecuencia podría ser una competencia entre listas y candidaturas que se reclaman herederas del cambio, pero que compiten entre sí en territorios como el Caribe, Bogotá y el pacífico. En ese escenario, la derecha y el centro tendrían mayor margen para capitalizar el desencanto de sectores que, en 2022, votaron por Petro y hoy observan con preocupación el enfrentamiento con Fuerza Ciudadana. El desenlace de este pulso en el Magdalena puede ser, así, un anticipo de la reconfiguración del tablero político nacional.