Decisión del CECH revelará brechas entre gobiernos
La discusión sobre las directrices ambientales para la Sabana de Bogotá se ha convertido en un laboratorio de las tensiones entre la planificación territorial y la protección de los ecosistemas. Lo que en principio debería ser un acuerdo técnico sobre cómo cuidar humedales, acuíferos y suelos agrícolas, terminó evidenciando diferencias de enfoque entre el Ministerio de Ambiente, la Alcaldía de Bogotá y varios municipios de Cundinamarca. La última sesión del Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá (CECH), que debía cerrar el debate, se aplazó por cuenta de un detalle procedimental: la revisión de las actas. Pero detrás de esa decisión aflora una discusión más de fondo.
El Gobierno nacional insiste en que los lineamientos son una determinante ambiental necesaria para corregir décadas de crecimiento desordenado en la sabana. Desde esta orilla, la prioridad es reforzar las restricciones en zonas de recarga hídrica, humedales y áreas de amenaza, con el argumento de que los costos de no hacerlo ya son evidentes: inundaciones en corredores como la Autopista Norte, pérdida de suelos fértiles y ecosistemas fragmentados que comprometen la resiliencia frente al cambio climático.
Bogotá, por su parte, reconoce la urgencia de proteger la sabana, pero pide que la directriz no sea un “techo rígido” que desconozca los planes de ordenamiento territorial ya concertados, tanto en la capital como en los municipios vecinos. Funcionarios distritales han advertido que el proyecto de resolución plantea ambigüedades que podrían generar inseguridad jurídica para proyectos de vivienda y movilidad, o restar flexibilidad para tomar decisiones futuras en el Concejo y las alcaldías locales.
Los municipios de la sabana se mueven entre esos dos polos. Por un lado, son quienes sienten con mayor fuerza la presión por la llegada de nuevos habitantes, la expansión de conjuntos residenciales y la demanda de suelo para la industria y la logística regional. Por otro, dependen de los servicios ecosistémicos del territorio —agua, regulación de inundaciones, clima— para sostener actividades agrícolas y turísticas. De ahí que algunos alcaldes vean en las directrices una oportunidad para poner orden al crecimiento, mientras otros temen que se conviertan en un freno a su desarrollo económico.
En la práctica, el CECH está llamado a ser el espacio donde esas visiones se encuentren. Este órgano, que reúne al Ministerio de Ambiente, la CAR, la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía de Bogotá y delegados municipales, surgió para dar cumplimiento a la sentencia del Consejo de Estado sobre la recuperación del río Bogotá y coordinar inversiones y acciones en la cuenca. Lo que ocurra con las directrices de la sabana pondrá a prueba su capacidad real de articular instituciones con intereses y tiempos políticos distintos.
El aplazamiento para diciembre abre un breve margen para ajustar detalles, pero también aumenta la presión sobre el CECH. La decisión llega en un momento en el que la opinión pública es especialmente sensible a temas ambientales, y en el que Bogotá y Cundinamarca avanzan en grandes obras de movilidad regional como los Regiotrams y el Tren del Norte. Cualquier cambio en las reglas de juego será leído a la luz de estos megaproyectos, que requieren licencias ambientales y compatibilidad con las nuevas determinantes.
Más allá de la decisión concreta, el caso de la sabana deja una lección: las controversias sobre ordenamiento territorial ya no se juegan solo en términos de metros cuadrados construidos, sino en la capacidad de las instituciones de integrar criterios de riesgo climático, protección de ecosistemas y necesidades de vivienda. La forma en que se resuelva este pulso enviará un mensaje a otras regiones del país donde se discute cómo crecer sin sacrificar sus territorios, y mostrará si la Sabana de Bogotá puede pasar de ser un símbolo de conflicto permanente a un ejemplo de planificación compartida.
El debate sobre las directrices ambientales de la Sabana de Bogotá refleja la dificultad de conciliar las urgencias urbanas con la protección de la cuenca del río Bogotá. Si el CECH logra aprobar en diciembre un acuerdo robusto, transparente y bien socializado, la región podría contar por primera vez con una hoja de ruta clara para su futuro ambiental y urbano.
Por el contrario, un nuevo aplazamiento o una decisión poco consensuada podría prolongar la incertidumbre para inversionistas, autoridades y ciudadanía. En un territorio donde convergen Bogotá, Cundinamarca y decenas de municipios, la calidad de este acuerdo será decisiva para que el desarrollo no siga ocurriendo a costa de los humedales, los acuíferos y los suelos agrícolas que sostienen la vida en la sabana.