La Fiscalía insiste en medida de aseguramiento
Uno de los puntos que más cuestionamientos ha generado es la forma en que la Fiscalía ha presentado y sustentado los seis delitos atribuidos a Nicolás Petro. Durante audiencias recientes, el juez de control de garantías y la Procuraduría han llamado la atención sobre la necesidad de mayor precisión en el relato fiscal, lo que ha llevado a suspensiones y ajustes en la exposición de los hechos. Estos tropiezos han alimentado críticas sobre la preparación de los casos de alto perfil y han dado argumentos a la defensa para insistir en la supuesta debilidad de la investigación.
El corazón de la imputación está en los contratos suscritos entre la Gobernación del Atlántico y una fundación que, según la Fiscalía, habría sido favorecida por el exdiputado. El ente acusador sostiene que se configuró un esquema de direccionamiento de contratos y apropiación de recursos públicos, con programas sociales como fachada. El detrimento patrimonial estimado en 111 millones de pesos se convierte así en una cifra emblemática, que permite a los investigadores hablar de un daño concreto a la población vulnerable del departamento.
En el nuevo pliego de imputación, los delitos escogidos revelan la estrategia de la Fiscalía: interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencias para explicar cómo se habrían asegurado los negocios; peculado por apropiación para señalar la presunta desviación de recursos; y falsedad documental para describir la supuesta manipulación de soportes. A esto se sumó inicialmente el delito de falso testimonio, que luego fue retirado por el propio ente acusador, al reconocer que algunos hechos ya estaban cubiertos por otros tipos penales.
Desde el punto de vista jurídico, los analistas advierten que el caso pondrá en discusión la forma en que se entiende el tráfico de influencias en la política regional. La Fiscalía busca demostrar que el simple hecho de intervenir para favorecer a una fundación cercana ya implica un uso indebido del cargo, incluso si el beneficiario no es directamente el servidor público sino su entorno. La defensa, por su parte, intentará demostrar que se trató de decisiones administrativas dentro del margen de la legalidad y que no existe prueba de un beneficio personal para Nicolás Petro.
El contexto político tampoco es menor. Como hijo del presidente, cada movimiento procesal de Nicolás Petro genera reacciones en sectores oficialistas y de oposición, que leen el expediente como una ratificación o un cuestionamiento a la agenda anticorrupción del gobierno. Aunque el mandatario ha pedido que se deje actuar a la justicia, sus críticos sostienen que el caso refleja las contradicciones de un proyecto político que llegó al poder con la promesa de “cambio” y austeridad. En este escenario, el despacho judicial de Barranquilla se convierte en un escenario donde se cruzan la política nacional y la justicia ordinaria.
En términos procesales, la decisión sobre la medida de aseguramiento será un punto de quiebre. Si el juez acoge la solicitud de la Fiscalía y ordena cárcel para el exdiputado, el caso daría un giro drástico y reforzaría la narrativa del ente acusador sobre la gravedad de los hechos. Si, por el contrario, decide que no hay méritos para privarlo de la libertad, la defensa capitalizará esa decisión para insistir en que la imputación carece de soporte robusto. Cualquiera de las dos salidas tendrá impacto en la forma en que la opinión pública percibe el expediente.
Finalmente, el proceso también obliga a revisar el papel de la contratación social en los departamentos, un terreno donde se cruzan recursos públicos, organizaciones privadas y agendas políticas. El expediente de Nicolás Petro deja en evidencia cómo las fundaciones y entidades sin ánimo de lucro pueden convertirse en actores clave en la gestión de programas sociales, pero también en escenarios vulnerables a la corrupción si no existe control suficiente. Lo que ocurra en el caso Funcosocial será referencia obligada para futuros debates sobre regulación, transparencia y vigilancia de este tipo de contratos.
Con la imputación de cargos contra Nicolás Petro por seis delitos relacionados con la contratación en el Atlántico, Barranquilla se convierte en epicentro de un debate que combina análisis jurídico, lucha contra la corrupción y tensión política. El desarrollo de la audiencia en el Juzgado 14 Penal Municipal será determinante para establecer si la Fiscalía logró construir un caso sólido sobre el caso Funcosocial o si, por el contrario, la defensa consigue desmontar los pilares de la acusación.
En los próximos días, los ojos estarán puestos en la decisión sobre la medida de aseguramiento y en las nuevas actuaciones alrededor de los contratos cuestionados. Para quienes siguen el tema, este expediente será clave para entender hasta dónde puede llegar la justicia en investigaciones que involucran a figuras políticas de alto perfil y cómo se ajustan los controles sobre la contratación social en el Atlántico y en el resto del país.