Evidencia digital vincula a oficiales con grupo armado
El ente de control colombiano ha dispuesto la separación temporal de dos altos funcionarios del sector defensa y seguridad. La medida adoptada por la Procuraduría General afecta al general Juan Miguel Huertas y a Wílmar Mejía, ambos en cargos de dirección en el Ejército Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia respectivamente. La suspensión se extiende por tres meses con posibilidad de prórroga.
El caso surgió tras la captura del cabecilla disidente conocido como alias Calarcá, en cuyo poder se encontraron dispositivos electrónicos con información que vincula a los dos funcionarios. Los equipos contenían correos electrónicos, comunicaciones y documentos que sugieren el suministro de datos clasificados a la estructura armada ilegal. La información fue revelada públicamente por medios de comunicación nacionales.
La Procuraduría fundamenta la decisión de suspensión en la necesidad de garantizar la transparencia del proceso investigativo. El auto emitido señala que los funcionarios podrían ejercer influencia sobre las pesquisas si permanecen en sus cargos. Paralelamente, la Fiscalía General ha iniciado investigaciones penales para establecer posibles responsabilidades criminales.
Los hechos que desencadenaron las investigaciones ocurrieron cuando autoridades capturaron a alias Calarcá mientras se transportaba en vehículos de la Unidad Nacional de Protección. En el operativo se incautaron armas, dinero y los dispositivos electrónicos que ahora constituyen el material probatorio central del caso. El análisis forense de estos equipos reveló el contenido que compromete a los funcionarios suspendidos.
Según los reportes publicados, en los archivos digitales aparecen referencias directas a los nombres de Huertas y Mejía, identificados como fuentes de información para el grupo disidente. Los documentos describen entregas de datos sobre operativos militares, movimientos de tropas y actuaciones judiciales que permitieron a la organización criminal anticiparse a las acciones de las autoridades.
El general Huertas, en su calidad de director del Comando de Personal del Ejército, tendría acceso a información estratégica sobre despliegues militares y operaciones en curso. Las evidencias sugieren que habría mantenido contactos con intermediarios del grupo armado, incluso discutiendo posibles acuerdos de no agresión. Esta situación configuraría delitos graves contra la seguridad del Estado.
Wílmar Mejía, desde la Dirección Nacional de Inteligencia, se encontraba en una posición privilegiada para acceder a información clasificada de múltiples organismos de seguridad. Los indicios apuntan a que habría compartido datos sensibles que facilitaron las operaciones del grupo disidente, incluyendo información sobre empresas de seguridad que supuestamente servían como cobertura para actividades ilícitas.
El procurador Gregorio Eljach ha manifestado públicamente la gravedad del caso. Las declaraciones del jefe del ente de control subrayan que la infiltración de grupos armados en instituciones del Estado representa una amenaza directa a la seguridad nacional. La Procuraduría ha asignado el caso a una procuraduría de instrucción especializada para garantizar rigurosidad en la investigación.
Los dos funcionarios han presentado sus versiones de los hechos negando cualquier colaboración con estructuras ilegales. Huertas cuestiona la autenticidad de los documentos y afirma no haber mantenido reuniones con grupos armados. Mejía argumenta que su nombre podría aparecer en archivos delincuenciales como parte de labores de inteligencia y contrainteligencia propias de estas organizaciones, sin que ello implique colaboración real.
Las investigaciones penales seguirán rutas diferenciadas según el fuero de cada funcionario. Huertas será investigado por fiscales con competencia ante la Corte Suprema debido a su rango militar. Mejía, al carecer de fuero especial, será indagado por fiscales de otras unidades especializadas. Ambos procesos buscan determinar si existió concierto para delinquir, revelación de secretos de Estado y otros delitos relacionados.
El desarrollo de estas investigaciones marcará un precedente en la forma como el Estado colombiano enfrenta casos de presunta infiltración en organismos de seguridad. Los resultados de las pesquisas disciplinarias y penales determinarán no solo las responsabilidades individuales, sino también la necesidad de implementar mecanismos de control más estrictos en el manejo de información clasificada.
La suspensión de los funcionarios permanecerá vigente mientras continúan las investigaciones. Las autoridades competentes tienen ahora la tarea de esclarecer los hechos con base en las evidencias recopiladas y garantizar que se respeten los derechos de los investigados en el marco del debido proceso establecido por la ley colombiana.