Un viaje legislativo reordena prioridades con Pekín
Más allá de la anécdota de un viaje cancelado, la reciente tensión entre Colombia y China revela las fragilidades de la arquitectura de política exterior del país. La visita de una delegación del Congreso a Taiwán, seguida de la decisión de suspender el desplazamiento del presidente Gustavo Petro y su canciller a Pekín, dejó al descubierto hasta qué punto los mensajes divergentes pueden erosionar la confianza de un socio estratégico. El episodio no ocurrió en el vacío: llega en un momento en el que China profundiza su influencia económica en América Latina y Estados Unidos mira con atención cada movimiento en la región.
La llamada “diplomacia parlamentaria” suele ser vista como un complemento de la política exterior oficial, un espacio para tender puentes y mantener diálogos con múltiples actores. Sin embargo, cuando esas iniciativas se acercan a asuntos especialmente sensibles —como el estatus de Taiwán para China— la línea entre gesto político y señal de Estado se vuelve difusa. En este caso, las declaraciones sobre “restablecer relaciones” o explorar oficinas comerciales se alejaron del guion tradicional con el que Colombia ha manejado la doctrina de “una sola China” durante décadas.
La reacción de la Cancillería, recordando que solo el presidente dirige la política exterior, puede leerse como un intento de control de daños hacia Pekín. Al reafirmar que Colombia no reconoce a Taiwán como Estado independiente y que se mantiene alineada con el principio de “una sola China”, el gobierno buscó enviar una señal de continuidad. Pero el hecho de que, en paralelo, se suspendiera el viaje oficial a China refuerza la percepción de que la visita legislativa tuvo un impacto inmediato en la agenda bilateral.
En términos prácticos, la cancelación del viaje priva a Colombia de una oportunidad clave para profundizar conversaciones sobre inversión, financiamiento y cooperación tecnológica con la segunda economía del mundo. Estos encuentros al más alto nivel suelen ser el escenario para destrabar proyectos, dar señales de confianza a los mercados y mostrar cohesión interna. Llegar a ellos con ruidos domésticos en torno a la política hacia Taiwán implica, de entrada, un desgaste adicional para la parte colombiana.
El episodio también abre una discusión sobre la necesidad de mecanismos más claros de coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo en temas de relaciones internacionales. Si bien ningún Congreso está obligado a alinearse en todos los puntos con el gobierno de turno, los países que logran proyectar estabilidad ante potencias como China suelen cuidar que las diferencias internas no se traduzcan en mensajes contradictorios. En el caso colombiano, la visita a Taiwán terminó exponiendo esas fisuras justo cuando se intentaba dar una nueva etapa a la relación con Pekín.
Otro elemento de análisis tiene que ver con el lugar de Colombia en el mapa geopolítico regional. La tensión por Taiwán no es solo un asunto bilateral con China, sino parte de una disputa más amplia en la que Washington, Pekín y otros actores miden fuerzas en América Latina. Al enviar mensajes ambiguos sobre su relación con Taipei, Colombia corre el riesgo de quedar atrapada en una narrativa de bloques que reduce su margen de maniobra y puede complicar su intento de diversificar socios sin romper equilibrios.
Finalmente, el caso sirve como recordatorio de que los gestos diplomáticos tienen un peso propio, incluso cuando quienes los hacen no tienen la última palabra formal sobre la política exterior. Para la opinión pública, lo ocurrido invita a preguntarse qué tipo de coordinación se requiere para que Colombia pueda relacionarse simultáneamente con potencias como China, Estados Unidos y otros actores asiáticos sin que cada movimiento se convierta en fuente de crisis. La respuesta, probablemente, pasa por asumir que la diplomacia ya no es exclusiva de los gobiernos, pero sí exige una brújula común.