La presencia del grupo en un pequeño municipio antioqueño reaviva las alertas sobre comunidades cerradas con antecedentes de abuso
El hallazgo de 17 menores de edad de la comunidad Lev Tahor en un hotel de Yarumal, Antioquia, sorprendió a un municipio acostumbrado a recibir viajeros, pero no grupos religiosos con tanta atención mediática internacional. Funcionarios de Migración Colombia llegaron al lugar como parte de una inspección rutinaria, que se transformó en operativo de protección a la niñez cuando verificaron que algunos de los niños estaban bajo alertas internacionales de búsqueda. La noticia se propagó rápidamente por la región y encendió el debate sobre los controles migratorios en poblaciones intermedias del noroeste del país.
De acuerdo con la autoridad migratoria, en el hotel se alojaban 26 personas: 17 menores y nueve adultos procedentes de varios países. Los registros indican que el grupo ingresó por vía aérea en la última semana de octubre y declaró fines turísticos, aunque al poco tiempo comenzó a visitar fincas y casas rurales en las afueras de Yarumal con la intención de alquilar un predio a largo plazo. La combinación de reservas prolongadas en el hotel y la presencia de menores bajo un régimen estricto de vestimenta y movilidad llamó la atención del personal y de algunos vecinos, que terminaron reportando la situación a la Policía local.
Cuando los funcionarios cruzaron los datos de identidad con las bases de Interpol, confirmaron que cinco de los menores aparecían en notificaciones de color amarillo, asociadas a posibles casos de sustracción o desaparición. La verificación fue clave para justificar el traslado inmediato de todos los niños a instituciones de protección, donde hoy se les practican evaluaciones médicas, psicológicas y sociales. Según las primeras versiones, algunos de ellos no contaban con escolarización formal y hablaban poco español, lo que ha obligado a desplegar equipos bilingües para garantizar una comunicación adecuada.
Mientras tanto, los adultos enfrentan un proceso administrativo que podría culminar con la deportación, aunque varios abogados de derechos humanos insisten en que el país también debe garantizar el debido proceso a los extranjeros. Para las autoridades, el dilema se centra en cómo equilibrar la protección inmediata de los menores con el respeto a la libertad religiosa y al derecho al asilo, especialmente cuando existen investigaciones abiertas en otros Estados por presuntos delitos graves asociados a la comunidad.
Las organizaciones judías de Colombia han insistido en diferenciarse de Lev Tahor, al que describen como una comunidad marginal y sin vínculos con las sinagogas tradicionales del país. Voceros de estas entidades resaltan que el judaísmo colombiano tiene una larga historia de integración con la sociedad y de respeto por el orden jurídico, por lo que consideran fundamental que el caso se trate como un asunto específico de un grupo extremista y no como un problema de la colectividad en su conjunto.
Especialistas en niñez consultados por medios nacionales señalan que, más allá del impacto mediático, el reto para Colombia será garantizar procesos de restablecimiento de derechos con enfoque intercultural. Esto implica escuchar a los niños, entender cómo vivían dentro de la comunidad y ofrecer alternativas que respeten sus creencias, pero que al mismo tiempo los protejan de cualquier práctica que pueda afectar su desarrollo integral. Antioquia, por su condición de departamento receptor de migrantes y desplazados, se perfila como escenario clave para consolidar estos protocolos.
Para Yarumal, el episodio deja lecciones sobre la importancia de la participación ciudadana en la detección temprana de riesgos. Fueron los reportes de vecinos los que activaron la intervención de Migración Colombia
en una demostración de que las comunidades locales pueden ser aliadas del Estado cuando cuentan con canales de denuncia claros y confianza en las instituciones. El reto ahora será acompañar a la población para evitar estigmatizaciones y garantizar que el municipio siga siendo un territorio de acogida, pero con controles efectivos.
El caso Lev Tahor en Yarumal se convierte en un llamado de atención para todas las regiones de Colombia que reciben flujos de migrantes y visitantes extranjeros. La coordinación entre Migración Colombia, las autoridades locales y la ciudadanía permitió rescatar a 17 menores y encender las alarmas frente a un grupo con antecedentes complejos en otros países. De cómo se maneje este proceso dependerá que Antioquia y el país consoliden protocolos de prevención y respuesta ante posibles riesgos para la niñez.