El ministro habló de “abuso de poder” y cuestionó la competencia de la Corte; el alto tribunal rechazó las descalificaciones y defendió la legalidad del procedimiento
El ministro del Interior, Armando Benedetti, denunció este 11 de noviembre que una de sus residencias fue allanada por orden de la magistrada de la Corte Suprema Cristina Lombana. En diálogo con La W, el funcionario calificó la diligencia como irregular y lanzó afirmaciones de alto calibre contra la togada —“tengo una magistrada […] que está loca, demente y es una delincuente”—, al tiempo que puso en duda la competencia de la Corte para investigarlo por hechos posteriores a su paso por el Congreso.
Según Benedetti, la magistrada no tendría facultades para indagarlo y las pesquisas se habrían extendido a decenas de familiares, algo que describió como persecución. Añadió que el operativo no dejó incautaciones y sugirió la posible instalación de micrófonos en su vivienda, acusación que elevó el tono de la controversia y abrió interrogantes sobre las garantías procesales en el caso.
La Corte Suprema de Justicia reaccionó rechazando las descalificaciones personales contra Lombana y defendiendo la legalidad del procedimiento, recordando además la existencia de procesos en curso. Con ese pronunciamiento, el alto tribunal buscó rebajar la confrontación y encuadrar el episodio en el terreno jurídico, pese a que el cargo actual del ministro le confiere una dimensión política inmediata.
El impacto no se hizo esperar en el frente institucional. Sectores de control disciplinario y de opinión solicitaron a la Procuraduría evaluar medidas frente a las expresiones del ministro, mientras otras voces insistieron en la necesidad de transparencia y respeto entre ramas del poder durante las diligencias judiciales. El propio Benedetti anticipó que acudirá a instancias nacionales e internacionales para alegar violaciones de sus derechos.
En paralelo, el presidente Gustavo Petro cuestionó públicamente el allanamiento —sin mencionar a la magistrada— y lo calificó de “ilegal” y equiparable a un “secuestro”, declaraciones que tensaron más la relación entre el Ejecutivo y la rama judicial alrededor del expediente. La discusión sobre competencias, alcances de las medidas de aseguramiento y límites del discurso público de altos funcionarios quedó en el centro del debate.
El trasfondo del caso incluye antecedentes judiciales y disciplinarios que han acompañado la carrera de Benedetti y que ya han sido objeto de cobertura, elementos que alimentan diversas lecturas sobre la oportunidad del operativo y sus efectos en la coyuntura. En el corto plazo, se esperan definiciones de la Procuraduría, nuevas precisiones de la Corte sobre el marco competencial y los pasos legales del ministro, que anunció que avanzará por vías procesales para controvertir lo actuado.