Paro campesino genera crisis de movilidad
Un nuevo episodio de tensión social se registra en Urabá con el inicio de un paro indefinido protagonizado por 89 asociaciones campesinas. El bloqueo de la principal arteria vial entre San Juan de Urabá y Arboletes evidencia el descontento de las comunidades rurales frente a la gestión gubernamental en materia de tierras.
El cierre vial afecta la circulación de decenas de vehículos mientras las organizaciones campesinas mantienen su posición de no permitir el tránsito regular hasta obtener respuestas concretas. La situación plantea interrogantes sobre la capacidad institucional para resolver conflictos agrarios de larga data.
Los hechos ocurren en un contexto regional marcado por históricas disputas territoriales y promesas gubernamentales que, según los manifestantes, no se han traducido en acciones efectivas.
La movilización actual tiene como referencia directa eventos similares ocurridos hace un año, cuando se habrían establecido acuerdos entre el Gobierno y las comunidades. La evaluación de los campesinos sobre el cumplimiento de estos compromisos es negativa, lo que ha motivado el retorno a las medidas de presión.
Ayineth Pérez, vocera del Movimiento de Mujeres Campesinas de Urabá, afirmó que los compromisos pactados no han sido materializados. Esta declaración pone en evidencia una brecha entre las expectativas comunitarias y la capacidad de respuesta institucional, situación que se repite en diversas regiones del país con problemáticas similares.
Las demandas presentadas por los manifestantes incluyen la presencia territorial de la Agencia Nacional de Tierras y el establecimiento de diálogos directos con las comunidades. Este planteamiento sugiere que los mecanismos remotos o centralizados de gestión no han resultado eficaces para resolver las particularidades de los casos individuales.
El impacto del bloqueo es significativo en términos de movilidad regional. El corredor San Juan de Urabá-Arboletes registra cierre total, con excepción del paso intermitente permitido a vehículos de emergencia. Esta situación afecta actividades económicas, comerciales y cotidianas de los habitantes de la zona.
Además de la formalización de tierras, los campesinos plantean reformas al programa de sustitución de cultivos. Las denuncias sobre incumplimientos y falta de garantías en este programa revelan complejidades en la implementación de políticas que buscan ofrecer alternativas productivas a comunidades rurales.
La participación del representante Pedro Baracutao en el debate agrega una dimensión institucional al conflicto. Sus declaraciones sobre las múltiples constancias y audiencias públicas realizadas sin resultados concretos ilustran la frustración que trasciende el ámbito comunitario y alcanza espacios de representación política.
Los reclamos campesinos abarcan múltiples frentes: entrega de tierras, formalización, proyectos productivos, infraestructura vial y reparación a víctimas. Esta amplitud temática refleja necesidades acumuladas que requieren respuestas integrales más allá de soluciones parciales o sectoriales.
La situación en Urabá plantea desafíos tanto para las comunidades campesinas como para las instituciones gubernamentales. La efectividad de los mecanismos de diálogo y la capacidad de generar soluciones concretas serán puestas a prueba en los próximos días.
El desenlace de este conflicto podría establecer precedentes sobre cómo se abordan las tensiones agrarias en regiones con características similares. Mientras tanto, la región permanece en estado de incertidumbre con el paro indefinido como realidad presente.