Sector político recuerda declaraciones previas del mandatario
Un bombardeo militar autorizado por el presidente Gustavo Petro contra disidencias de las Farc en el departamento del Guaviare, que resultó en la muerte de varios menores de edad, se convirtió en el centro del debate político nacional. Las cifras oficiales difieren entre instituciones: la Defensoría del Pueblo reporta seis víctimas infantiles, mientras que el Instituto Nacional de Medicina Legal eleva el número a siete.
El mandatario defendió públicamente su decisión argumentando razones de inteligencia militar que advertían sobre una posible emboscada contra tropas colombianas. Petro explicó que la operación buscaba salvar la vida de aproximadamente 20 soldados que se encontraban en riesgo inminente ante el avance de 150 combatientes de la estructura de alias Iván Mordisco.
La polémica se intensificó cuando diversos sectores políticos recordaron las críticas históricas que el propio presidente realizó a operaciones similares durante administraciones anteriores, particularmente durante el gobierno de Iván Duque, cuando calificó bombardeos con víctimas menores como posibles crímenes de guerra.
La Defensoría del Pueblo confirmó el hecho mediante un comunicado oficial en el que la defensora Iris Marín expresó que esta situación refleja el carácter inhumano de la guerra que afecta especialmente a los más vulnerables. El documento señala que los menores son reclutados por falta de protección estatal y posteriormente convertidos en objetivos militares, lo que exige reiterar que el Derecho Internacional Humanitario establece límites estrictos incluso en el marco de las hostilidades.
El presidente justificó el bombardeo como parte de 12 operaciones aéreas autorizadas durante su administración contra lo que denomina “ejércitos privados del narcotráfico”, incluyendo disidencias de las Farc y organizaciones vinculadas al narcotráfico. Petro ha explicado consistentemente que estos ataques se realizan bajo criterios del Derecho Internacional Humanitario y contra personas que considera objetivos militares al haber tomado parte en hostilidades.
La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, reconoció las fallas del Estado en la protección de los menores fallecidos. Cáceres denunció que las comunidades indígenas y los funcionarios del ICBF enfrentan amenazas de grupos armados, que los ven como obstáculos para el reclutamiento de jóvenes. La funcionaria llamó a los colombianos a movilizarse en zonas estratégicas para prevenir el reclutamiento forzado.
Entre las voces críticas destaca la del precandidato presidencial Sergio Fajardo, quien afirmó que el ataque demuestra una contradicción del primer mandatario al justificar acciones que previamente condenó. Fajardo explicó que las operaciones con bombardeos deben realizarse únicamente en casos estrictamente necesarios, con soporte de inteligencia adecuado y buscando control territorial efectivo.
La representante Katherine Miranda dirigió un mensaje público al senador Iván Cepeda invitándolo a denunciar conjuntamente al presidente y al ministro de Defensa por presuntas violaciones al Derecho Internacional Humanitario. Miranda recordó declaraciones previas de Cepeda contra bombardeos similares durante el gobierno Duque y le cuestionó sobre la coherencia de principios independientemente del gobierno en turno.
En contraste con las críticas generalizadas, el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa expresó estar de acuerdo con la decisión presidencial. Peñalosa argumentó que es fácil criticar desde la distancia mientras que en terreno resulta complejo evaluar riesgos al intentar recuperar zonas bajo control de organizaciones armadas, reconociendo que esto implica tomar decisiones bajo presión con costos significativos.
El senador Iván Cepeda emitió un pronunciamiento condenando el bombardeo y el reclutamiento de menores por grupos armados disidentes. Cepeda reiteró su posición de que acciones de esta naturaleza están prohibidas por el derecho humanitario y llamó a que estos preceptos sean respetados en toda circunstancia y por todos los actores en conflicto, sin excepción.
El caso reactivó preguntas fundamentales sobre la estrategia de seguridad en Colombia y el balance entre capacidad operacional militar y protección de población vulnerable. El debate se centra en cómo asegurar la protección de menores reclutados por grupos ilegales sin limitar las operaciones contra estas organizaciones, una discusión que permanece sin consenso en el país político.
La controversia evidencia la complejidad de aplicar principios del Derecho Internacional Humanitario en contextos donde grupos armados utilizan menores como combatientes. Las autoridades deberán realizar verificaciones forenses y análisis de inteligencia previos para determinar protocolos futuros en situaciones similares, mientras el debate político continúa centrado en la coherencia entre discurso histórico y decisiones actuales de gobierno.