El partido opositor denuncia vulneración de derechos fundamentales
El partido Cambio Radical presentó ante el Consejo Nacional Electoral una acción de tutela, en la que solicita que la magistrada Fabiola Márquez —vinculada al bloque del Pacto Histórico— sea apartada de decisiones que la involucren directamente. Según el documento, la togada habría actuado pese a que existía recusación en su contra, contraviniendo el reglamento del ente electoral.
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Uno de los hechos citados es que Márquez suspendió una sanción al senador Temístocles Ortega, que el partido le había impuesto por supuestamente apoyar indirectamente al Gobierno del presidente Gustavo Petro en la consulta popular.
La bancada de Cambio Radical sostiene que no se le permitió ejercer su defensa, lo que configura, a su juicio, una vulneración de sus derechos fundamentales.
La tutela busca que el CNE declare la nulidad de las decisiones en las que participó la magistrada Márquez y que se le prohíba intervenir en procesos donde tenga posible conflicto de interés. Además, el partido advierte que esta situación daña la integridad del sistema electoral.
Este procedimiento se suma a otras denuncias previas: la Corte Suprema y la Fiscalía ya habían sido alertadas por posibles delitos como prevaricato por omisión y fraude procesal relacionados con dicha magistrada.
El caso se produce en momentos en que la agenda electoral y los mecanismos de control de partidos están bajo escrutinio público en Colombia. La demanda refleja las tensiones propias entre partidos de oposición y los organismos electorales.
Si la tutela prospera, podría obligar al CNE a cambiar su forma de tramitar recusaciones y medidas cautelares, lo que tiene implicaciones para futuros conflictos partidistas.
La presentación de la tutela marca un capítulo más en la pugna entre partidos políticos y organismos electorales por la confianza pública. Será importante ver si el CNE admite la solicitud de Cambio Radical y cómo se desarrollan las siguientes etapas del proceso, lo que podría incidir en la percepción de imparcialidad de las instituciones.