Washington clasifica como terrorista grupo venezolano
El gobierno de Estados Unidos ha decidido designar al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera, según anunció el secretario de Estado Marco Rubio. La medida, que entrará en vigencia el 24 de noviembre tras un período de revisión congresional de siete días, coloca a esta organización en la misma categoría que el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa.
Esta designación constituye una de las herramientas antiterroristas más severas del Departamento de Estado estadounidense. La clasificación prohíbe que ciudadanos estadounidenses proporcionen cualquier tipo de apoyo a la organización y veda la entrada al país de personas vinculadas con ella.
Estados Unidos alega que el Cartel de los Soles está dirigido por el presidente venezolano Nicolás Maduro y funcionarios de su gobierno, una acusación que Caracas ha rechazado reiteradamente. El Departamento de Estado no reconoce a Maduro como representante legítimo del gobierno venezolano.
La designación como organización terrorista extranjera implica consecuencias legales significativas tanto en el ámbito nacional como internacional. Cualquier persona bajo jurisdicción estadounidense que proporcione fondos, entrenamiento, servicios expertos o cualquier forma de apoyo material a una entidad designada puede enfrentar cargos criminales federales. Los bancos e instituciones financieras tienen la obligación de congelar activos relacionados con estas organizaciones y reportar transacciones sospechosas.
El anuncio coincide con un incremento notable de la presencia militar estadounidense en la región del Caribe. El portaaviones USS Gerald R. Ford llegó a aguas caribeñas este domingo, representando el despliegue naval más significativo en la zona en años recientes. Este movimiento militar ha sido interpretado por analistas como una señal de la disposición de Washington para respaldar sus declaraciones con capacidad operativa.
El presidente Trump abordó el tema durante declaraciones a la prensa, indicando que la designación podría otorgar capacidades adicionales a las fuerzas armadas estadounidenses. No obstante, el mandatario se abstuvo de confirmar planes concretos de acción militar y mencionó la posibilidad de conversaciones con el gobierno venezolano. Trump afirmó que Venezuela “quiere dialogar”, aunque no proporcionó evidencia o detalles sobre contactos diplomáticos en curso.
La comunidad de expertos legales ha planteado interrogantes sobre el alcance de la autorización que esta designación proporciona. Mientras que permite la imposición de sanciones y restricciones financieras, el uso de fuerza militar requeriría justificación legal adicional bajo el derecho internacional. Estados Unidos no se encuentra en estado de guerra declarada con Venezuela, lo que limita las opciones militares sin violar normas internacionales.
El proceso de designación seguirá un procedimiento establecido donde el Congreso dispone de un plazo de siete días para revisar la decisión. Si los legisladores no toman acciones para bloquear la designación durante este período, la medida entrará en vigor automáticamente. Trump expresó que su administración no requiere autorización legislativa para acciones militares, pero valora mantener informados a los congresistas.
El Departamento del Tesoro había tomado medidas previas contra esta organización en julio, cuando la clasificó como organización terrorista internacional especialmente designada. En esa ocasión, las autoridades estadounidenses argumentaron que el Cartel de los Soles había proporcionado apoyo logístico y operativo a otras organizaciones criminales transnacionales, incluyendo el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa.
Phil Gunson, investigador del International Crisis Group con base en Caracas, ha señalado que el término “Cartel de los Soles” es fundamentalmente una construcción periodística utilizada para describir la participación de autoridades venezolanas en el narcotráfico. Sin embargo, Gunson reconoce que existen evidencias de involucramiento de personal militar y funcionarios gubernamentales en actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas.
La escalada de tensiones entre Washington y Caracas ha seguido una trayectoria ascendente durante 2025. En agosto, la secretaria de Justicia Pam Bondi anunció una recompensa de 50 millones de dólares por información que llevara al arresto de Nicolás Maduro para enfrentar cargos de narcotráfico en cortes estadounidenses. Hasta la fecha, no se han hecho públicas pruebas definitivas que vinculen directamente al mandatario venezolano con operaciones de tráfico internacional de drogas.
Investigadores especializados en criminalidad transnacional indican que carteles colombianos y mexicanos mantienen operaciones en territorio venezolano, utilizando rutas fluviales por el Orinoco y pistas de aterrizaje clandestinas. Estos analistas sugieren que tales operaciones de gran escala difícilmente podrían sostenerse sin algún grado de aquiescencia o participación de autoridades gubernamentales de alto nivel.