Autoridades analizan posible intercambio irregular de bienes
La Fiscalía General de la Nación confirmó la apertura de una indagación preliminar contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, para esclarecer las circunstancias de un acuerdo inmobiliario con el empresario Ricardo Leyva. El caso involucra la transferencia de un contrato de leasing sobre una propiedad ubicada en Puerto Colombia.
El Cuerpo Técnico de Investigación está recopilando información para determinar si las operaciones entre el funcionario y el empresario configuran algún tipo de irregularidad. La investigación se desarrolla de manera independiente a los procesos que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra el mismo funcionario.
Los hechos bajo investigación se refieren específicamente a la cesión de un contrato de arrendamiento financiero sobre una vivienda en la urbanización Lagos de Caujaral. Las autoridades buscan establecer si hubo contraprestaciones adecuadas en esta operación.
La indagación preliminar se originó tras conocerse públicamente detalles sobre las transacciones inmobiliarias entre Armando Benedetti y Ricardo Leyva. El empresario, reconocido en el sector de producción de espectáculos, había suscrito un contrato de leasing habitacional para la propiedad ubicada en Lagos de Caujaral, el cual posteriormente fue cedido al ministro. Los pagos del contrato habían sido realizados por Leyva desde 2021.
De acuerdo con especialistas en derecho contractual consultados por diversos medios, en este tipo de operaciones es usual que quien cede un contrato reciba una compensación económica equivalente a los pagos realizados previamente. La Fiscalía busca establecer si en este caso particular se cumplieron estas condiciones o si, por el contrario, existió algún tipo de favorecimiento que pueda constituir una irregularidad.
La investigación también contempla el análisis de otros bienes que habrían sido objeto de transferencias entre las mismas partes. Fuentes judiciales han mencionado un patrón de operaciones que incluiría múltiples transferencias de propiedades, aunque no se han revelado detalles específicos sobre la naturaleza o cantidad de estas transacciones adicionales.
Por otra parte, los investigadores están examinando contratos obtenidos por empresas vinculadas a Ricardo Leyva con entidades estatales. Ave Fénix Entretenimiento S.A.S., firma de la que Leyva es propietario, recibió en octubre un contrato por 7.968 millones de pesos para la organización del evento “Concierto en el país de la belleza”, realizado durante la cumbre de la Celac en Santa Marta. Este contrato fue adjudicado sin proceso de licitación pública.
Adicionalmente, se conoció que el Ministerio del Interior recibió comunicaciones de RTVC relacionadas con un posible convenio interadministrativo por más de 88.000 millones de pesos para la producción de contenidos audiovisuales. Aunque no se ha establecido una conexión directa con las empresas de Leyva, este hecho forma parte del contexto que analizan los investigadores.
El caso de Benedetti en la Corte Suprema de Justicia data de 2017 y se relaciona con presunto enriquecimiento ilícito durante su periodo como senador. La investigación en ese tribunal busca establecer cómo el funcionario ha mantenido un nivel de vida que aparentemente no correspondería con sus ingresos declarados. Esta semana se realizó un allanamiento en la misma propiedad ahora bajo investigación de la Fiscalía, ordenado por la magistrada Cristina Lombana.
La indagación preliminar abierta por la Fiscalía es un procedimiento previo que no implica cargos formales. Durante esta etapa, el Cuerpo Técnico de Investigación recopila evidencias, testimonios y documentos para determinar si existen elementos suficientes que justifiquen iniciar una investigación formal. Si se determina que hay méritos, el caso sería asumido por fiscales delegados ante la Corte Suprema, debido al fuero del que goza Benedetti como ministro.
El ministro Benedetti se pronunció públicamente sobre la apertura de la indagación, señalando que este hecho respalda su posición de que la magistrada Lombana no tenía competencia para ordenar el allanamiento realizado en su residencia. El funcionario había manifestado previamente su inconformidad con el operativo judicial, aunque posteriormente ofreció disculpas por los términos utilizados para referirse a la magistrada.
La situación del ministro se ha visto afectada por múltiples frentes judiciales y disciplinarios. Además de los siete procesos en la Corte Suprema y esta nueva indagación en la Fiscalía, la Procuraduría General adelanta una investigación disciplinaria por las expresiones utilizadas contra la magistrada Lombana. El procurador Gregorio Eljach confirmó que se están recopilando elementos para establecer el contenido del expediente disciplinario.