Comisión deberá equilibrar lucha anticorrupción e independencia
En la denuncia que dio origen a la indagación, la Red de Veedurías plantea que la Fiscalía habría actuado con “presunta conveniencia” en el caso UNGRD y en la situación de Carlos Ramón González, considerado un protagonista clave del entramado. Según el documento, las peticiones para imputar cargos y solicitar medida de aseguramiento se registraron desde mediados de 2024, pero solo se concretaron en mayo de 2025, cuando el exdirector del Dapre ya estaba fuera del país. Este desfase temporal es interpretado por los denunciantes como un indicio de trato diferenciado.
La Comisión busca ahora determinar si esos tiempos obedecieron a decisiones técnicas, a la congestión de un caso complejo o, como sugiere la denuncia, a posibles omisiones deliberadas. En juego está la responsabilidad de la fiscal general y de dos fiscales delegados ante la Corte Suprema, señalados de haber tenido supuestas “connivencias” que habrían facilitado la salida de González a Nicaragua. La Red incluso mencionó posibles tipos penales como fraude a resolución judicial, concierto para delinquir, abuso de función pública y favorecimiento.
Desde la perspectiva institucional, el escándalo llega en un momento en el que la Fiscalía ya se encuentra bajo un fuerte escrutinio por la forma en que ha gestionado el caso UNGRD. Este proceso se ha convertido en una prueba de fuego para la narrativa anticorrupción del país, dado que involucra a exdirectivos de la entidad, altos funcionarios gubernamentales y exdirigentes del Congreso, según las investigaciones judiciales y los informes de organizaciones de transparencia.
El caso de González, exdirector del Dapre y exjefe de inteligencia, añade un componente político sensible: su cercanía al gobierno Petro y el hecho de que hoy se encuentre en Nicaragua con asilo, mientras enfrenta una circular roja de Interpol y cargos por supuestos delitos asociados al desvío de recursos de la UNGRD. Para sectores de oposición, su salida del país es la prueba de que el Estado falló en garantizar la acción de la justicia; para el gobierno y algunos aliados, el episodio se enmarca en una investigación todavía en curso y no puede usarse para deslegitimar por completo al ente acusador.
La decisión de la Comisión de Acusación también puede leerse como un ensayo de equilibrio institucional. Por un lado, el Congreso tiene la competencia de investigar a altos funcionarios como la fiscal general; por otro, un exceso de presión política puede ser interpretado como un intento de incidir en las decisiones de la justicia. El reto para los investigadores será mostrar que la búsqueda de responsabilidades se basa en elementos probatorios y no en coyunturas partidistas, especialmente en un escenario marcado por campañas y tensiones entre ramas del poder público.
En el fondo, el expediente contra Camargo pone sobre la mesa una discusión más amplia: cómo garantizar que, en casos de gran corrupción, el sistema responda con celeridad suficiente sin sacrificar garantías procesales. Las acusaciones de lentitud selectiva conviven con las dificultades reales de adelantar investigaciones complejas, que involucran contratos millonarios, redes empresariales, cooperación internacional y actores políticos de alto perfil. El caso UNGRD, convertido en uno de los mayores escándalos del gobierno Petro, es un ejemplo de esa tensión permanente.
Lo que resuelva la Comisión de Acusación en esta etapa no definirá de inmediato la suerte de la fiscal general, pero sí enviará señales al sistema político y judicial. Si se cierran las pesquisas por falta de mérito, se reforzará el argumento de que las denuncias no tenían sustento suficiente; si se avanza hacia etapas más formales, el país podría ver un proceso sin precedentes recientes contra la cabeza de la Fiscalía en medio de uno de los casos de corrupción más emblemáticos de los últimos años.
La decisión de recaudar pruebas en la investigación contra Luz Adriana Camargo por la fuga de Carlos Ramón González y el manejo del caso UNGRD perfila un escenario cargado de implicaciones políticas y judiciales. El Congreso deberá demostrar que su control sobre la Fiscalía responde a criterios técnicos y de transparencia, mientras el ente acusador tendrá que explicar con detalle sus decisiones y tiempos procesales. En medio del escándalo de la UNGRD, este pulso institucional definirá buena parte de la narrativa sobre la lucha contra la corrupción y la independencia de la justicia en Colombia.