El caso revela fallas de control y registro
El atraco en la vía Bogotá–Mondoñedo no es solo un robo violento captado en video; es también un caso de estudio sobre cómo una estructura criminal puede aprovecharse de vacíos institucionales para convertir una ambulancia en herramienta de asalto. La operación, que dejó al descubierto la vulnerabilidad de un tractocamión cargado con tecnología y el engaño a decenas de conductores detenidos por una falsa emergencia, muestra un nivel de planeación que va más allá del improvisado “atraco de carretera”.
El primer componente del plan fue la escenificación de un accidente: un motociclista se deja caer en medio de la calzada, mientras la ambulancia llega casi de inmediato y se estaciona de forma estratégica para bloquear la vía. Detrás, una camioneta y varias motos completan el cerco. Según informes periodísticos y de la Policía, esa combinación de vehículos permitió aislar el tractocamión, intimidar al conductor y controlar el entorno durante los minutos suficientes para desconectar, movilizar y asegurar el botín sin que otros usuarios pudieran intervenir.
El segundo componente tiene que ver con la trazabilidad del vehículo usado como ambulancia. Los registros de tránsito consultados por las autoridades indican que el automotor está matriculado en Cota, Cundinamarca, y que ya había sido reportado en incidentes anteriores, lo que sugiere que no se trata de un vehículo recién incorporado al sistema, sino de una unidad con historia y cambios de manos que fueron quedando parcialmente documentados. Este detalle plantea preguntas sobre la efectividad de los cruces de información entre entidades territoriales y la capacidad de detectar ambulancias que han salido de operación sin que ello quede reflejado oportunamente en los sistemas.
El testimonio del antiguo propietario, Sergio Andrés Vargas Vivas, revela un tercer componente: la informalidad en las transacciones. Vargas asegura que vendió la ambulancia en 2023 a Wilmer Yesid Jiménez Ardila, pero que el traspaso nunca se formalizó debido a una deuda pendiente. En la práctica, el vehículo circulaba en manos de un nuevo dueño, pero seguía asociado a su nombre en los papeles, un escenario que complica las investigaciones y genera un limbo de responsabilidad civil y penal cuando el automotor termina involucrado en hechos delictivos de alto impacto.
Este tipo de situaciones se conectan con un problema más amplio: el negocio de las ambulancias en Colombia ha sido objeto de cuestionamientos por compras irregulares, habilitación de vehículos que no cumplen con estándares técnicos y la proliferación de servicios privados que operan en la frontera entre lo formal y lo informal. Casos como el de camiones adaptados como ambulancias en Bogotá, denunciados por concejales y medios nacionales, muestran que el control estatal sobre estos automotores es frágil y que la supervisión técnica y documental no siempre avanza al ritmo de la expansión del negocio.
Desde la perspectiva de seguridad ciudadana, el uso de una ambulancia para encubrir un robo combinado con motos y camioneta supone un salto cualitativo en la forma de operar de las bandas que delinquen en las “goteras” de Bogotá. El empleo de un símbolo asociado al rescate y la atención en salud no solo ofrece ventajas tácticas –como obligar a reducir la velocidad y detenerse– sino que también aumenta el grado de impacto psicológico en la comunidad, que ahora se enfrenta a la idea de que incluso los vehículos de emergencia pueden ser parte de un montaje delictivo.
Especialistas consultados por diferentes medios coinciden en que la respuesta institucional al caso debe ir más allá de la persecución penal a esta banda específica. Plantean la necesidad de integrar bases de datos del Ministerio de Salud, organismos de tránsito y autoridades de policía para monitorear en tiempo real el estatus de cada ambulancia que circula por el país, cruzar información sobre pólizas, contratos de operación y habilitación, e incluir estos vehículos en matrices de riesgo que permitan detectar patrones de circulación anómalos en corredores de alto valor para el transporte de carga.
El caso de la ambulancia pirata en la vía Bogotá–Mondoñedo puso sobre la mesa la urgencia de una reforma integral al sistema de control de ambulancias en Bogotá y Cundinamarca, con enfoque en seguridad vial, lucha contra el crimen organizado y transparencia en la contratación de servicios de emergencia. Mientras avanzan las pesquisas sobre el robo al tractocamión millonario, la discusión pública se centra ahora en cómo evitar que vehículos destinados a salvar vidas sigan siendo utilizados como fachada para atracos en carreteras estratégicas como la vía Girardot–Mondoñedo, donde confluyen transporte de carga, viajeros y economías regionales clave.