Estudiantes y profesores temen que la disputa por la Rectoría vuelva a afectar el calendario académico y la vida cotidiana en el campus
En los pasillos de la sede Bogotá de la Universidad Nacional la noticia corrió de salón en salón: el Consejo de Estado anuló la elección de Leopoldo Múnera como rector. Para muchos estudiantes que apenas estaban retomando la normalidad después de los largos paros de 2024, el anuncio se sintió como un déjà vu. De nuevo reaparecen las preguntas sobre quién estará al frente de la institución, si habrá cambios en la dirección académica y si el conflicto por la Rectoría puede desencadenar una nueva ola de movilizaciones en la ciudad.
Durante meses, Múnera se convirtió en un referente para sectores estudiantiles y docentes que reclamaban mayor participación en las decisiones del CSU. Su nombramiento en junio de 2024 fue leído como una victoria simbólica de quienes desde los plantones en la entrada de la calle 26, los grafitis en los campus y largas asambleas defendían la consulta interna como mecanismo de legitimidad. Para ellos, la decisión del alto tribunal no solo tumba un acto administrativo, sino que les recuerda que el peso final lo tiene un órgano judicial externo a la dinámica universitaria.
Entre tanto, hay otro grupo de la comunidad que ve en la sentencia una oportunidad para recomponer el rumbo. Algunos profesores y administrativos señalan que no se puede gobernar una universidad de la dimensión de la Nacional en medio de procesos cuya legalidad está en entredicho, y que la prioridad debe ser recuperar la estabilidad institucional y evitar que la universidad se convierta en escenario permanente de pulsos políticos. En su lectura, el Consejo de Estado pone un límite claro a decisiones tomadas bajo presión de la calle.
La incertidumbre golpea especialmente a quienes viven en residencias universitarias o vienen de regiones apartadas. Para ellos, cada paro prolongado implica reorganizar alimentación, transporte y trabajos académicos, con un impacto directo en su permanencia en la universidad. En las asambleas realizadas tras conocerse el fallo, varios estudiantes de sedes como Palmira, Manizales o Medellín advirtieron que una nueva suspensión de actividades tendría efectos críticos para los más vulnerables, aquellos que no pueden costear una larga espera sin clases ni prácticas de laboratorio.
A pesar de la tensión, voces de la comunidad insisten en que todavía hay espacio para construir salidas concertadas. Algunos colectivos estudiantiles han planteado la necesidad de convocar un gran cabildo universitario que, sin paralizar la institución, permita discutir modelos alternativos de elección de rector, como la elección directa o la ponderación de la consulta interna. Otros proponen centrar el debate en asuntos de fondo, como la financiación, la reforma de posgrados y la atención a las denuncias de violencias basadas en género.
Desde el barrio Teusaquillo y otros sectores aledaños a la sede Bogotá, vecinos que han sufrido el cierre de vías, las confrontaciones con el Esmad y los efectos económicos de los paros siguen el caso con ambivalencia. Por un lado, reconocen el papel histórico de la Nacional como espacio de crítica y movilización social; por otro, piden que los nuevos episodios de protesta no se traduzcan en largos bloqueos que afecten el comercio local, el transporte público y la convivencia en la zona.
Lo cierto es que la resolución del Consejo de Estado coloca a la Universidad Nacional, otra vez, frente al reto de combinar la defensa de la autonomía con el respeto a la institucionalidad. La forma como el CSU comunique sus próximos pasos, y el tono del diálogo con estudiantes y profesores, serán claves para saber si el campus retoma la calma o si Bogotá vuelve a ver, en cuestión de días, nuevas jornadas de marchas, tomas de edificios y aulas vacías.
En medio de la incertidumbre que deja la caída de la elección de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional, la comunidad académica de Bogotá y de las sedes regionales insiste en una salida dialogada que preserve la autonomía universitaria y evite nuevos paros. Lo que ocurra con la Rectoría será decisivo no solo para el futuro de miles de estudiantes, sino también para la relación entre la universidad pública más grande del país y las instituciones del Estado encargadas de vigilar la legalidad de sus decisiones.