Múltiples sectores rechazan politización del hecho violento
Un bombardeo militar ordenado por el gobierno nacional contra disidencias de las FARC en Guaviare dejó veinte personas muertas, incluidos siete menores de edad. El operativo, ejecutado el 12 de noviembre contra un campamento de alias Iván Mordisco, ha generado intenso debate político y social.
La senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta atribuyó la responsabilidad de estas muertes a sectores de oposición que han solicitado acciones militares contundentes. Sus declaraciones provocaron reacciones inmediatas de diversos actores políticos, tanto oficialistas como opositores.
El Instituto Nacional de Medicina Legal completó los exámenes forenses y confirmó que siete de las víctimas eran menores de edad reclutados por el grupo armado ilegal. Este hecho reaviva la discusión sobre la protección de niños en zonas de conflicto.
El operativo militar se desarrolló en la vereda Itilla del municipio de Calamar, departamento de Guaviare, tras 72 horas de combates entre el Ejército y frentes de las disidencias. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que se neutralizaron 25 miembros del grupo armado, incluyendo 19 dados de baja, uno capturado herido y tres menores recuperados.
Las autoridades forenses recibieron los cuerpos en sus sedes de Villavicencio y San José del Guaviare. Un equipo interdisciplinario aplicó técnicas especializadas de identificación, estableciendo que 13 fallecidos eran hombres y siete mujeres. De los 20 cuerpos, 16 fueron identificados mediante cotejos dactiloscópicos y cuatro a través de registros odontológicos.
Entre los menores identificados figuran Deisy Camila Morales Gutiérrez de 13 años de Florencia, Caquetá; Leidy Johana Hoyos Córdoba de 17 años de Popayán, Cauca; Maicol Andrés Pérez Ávila de 16 años de Miraflores, Guaviare; y Martha Elena Abarca Vilches de 17 años de Puerto Leguízamo, Putumayo.
La senadora Isabel Zuleta publicó en redes sociales que quienes pedían bombardeos ahora tienen sus consecuencias. Agregó que sectores de derecha sin imaginación ni análisis solo buscan sangre. Sus palabras generaron rechazo generalizado entre diferentes corrientes políticas.
El exministro Wilson Ruiz respondió acusando a Zuleta de tener la realidad alterada. Señaló que los grupos armados que reclutan menores son los responsables directos, recordando que el presidente Petro fue quien aprobó el bombardeo. Otros políticos como María Fernanda Carrascal y Óscar Ramírez Vahos también expresaron su desacuerdo.
La Defensora del Pueblo describió la situación como dolorosa e inhumana, enfatizando que los menores reclutados forzosamente se convierten en objetivos militares sin protección. El derecho internacional humanitario establece que ningún niño reclutado debería resultar afectado en operaciones militares.
El presidente Petro defendió su decisión argumentando que cumplió con el derecho internacional humanitario y el principio de distinción. Aseguró que no había civiles ajenos al conflicto en la zona del bombardeo y que la acción buscaba proteger vidas de soldados bajo amenaza inminente.
Este operativo representa el séptimo bombardeo ejecutado por el gobierno en 2025, superando los cinco realizados el año anterior. La operación evidencia el cambio de estrategia hacia una línea más ofensiva tras el deterioro de las relaciones con Estados Unidos y el aumento de violencia en regiones como Cauca, Arauca, Putumayo y Guaviare. El debate generado por las declaraciones políticas posteriores al hecho refleja las profundas divisiones sobre cómo enfrentar el conflicto armado mientras se protege a la población vulnerable, especialmente a menores reclutados forzosamente por grupos ilegales.