Sector combustible advierte sobre empleo y márgenes
Somos Uno, la organización gremial que agrupa a COMCE y Fendipetróleo, presentó este viernes una solicitud formal para que la discusión del salario mínimo 2026 considere las particularidades de los sectores con operación continua. El vocero nacional David Jiménez Mejía expuso los argumentos del sector ante el inicio del proceso de negociación.
El planteamiento central del gremio se fundamenta en las restricciones regulatorias que enfrentan las estaciones de servicio. A diferencia de otros comercios, estos establecimientos no tienen capacidad de ajustar libremente sus precios finales para absorber incrementos en costos operativos, incluidos los laborales.
La red de distribución de combustibles genera 50.000 empleos formales a través de 6.400 establecimientos distribuidos en el territorio nacional. El gremio identificó que jóvenes en su primer empleo y mujeres cabeza de hogar constituyen una proporción significativa de esta fuerza laboral.
El marco regulatorio del sector de combustibles establece márgenes fijos para la distribución minorista. Esta característica diferencia al sector de otras actividades comerciales que pueden ajustar precios según sus estructuras de costos. La regulación busca mantener estabilidad en los precios al consumidor, pero genera restricciones para los operadores.
El modelo operativo de las estaciones de servicio requiere personal disponible de manera ininterrumpida. Esta necesidad implica una estructura de costos laborales particular, con múltiples turnos y personal adicional para cubrir horarios nocturnos, fines de semana y días festivos. Cada incremento salarial impacta proporcionalmente más que en establecimientos con horarios limitados.
Jiménez Mejía presentó datos sobre la situación económica del sector. Durante el último año, se registró una contracción en la demanda de gasolina corriente atribuida parcialmente al incremento de precios. Simultáneamente, el sector experimentó presiones sobre los márgenes de rentabilidad y estancamiento en las ventas en múltiples regiones.
El gremio expuso tres criterios técnicos que considera fundamentales para la determinación del salario mínimo: la inflación proyectada para 2026, los índices de productividad sectorial y las características operativas de industrias con funcionamiento permanente. La propuesta busca que estos elementos tengan peso específico en la negociación.
En términos de impacto territorial, el vocero señaló que las consecuencias de incrementos desproporcionados serían más severas en municipios pequeños y medianos. En estas localidades, las estaciones de servicio frecuentemente figuran entre los principales generadores de empleo formal, haciendo que su estabilidad sea relevante para la economía local.
El sector planteó paralelamente propuestas de política pública. La principal consiste en una revisión técnica de los márgenes de distribución, particularmente para establecimientos en zonas apartadas donde los costos operativos son superiores. Esta medida buscaría equilibrar la viabilidad económica con las realidades geográficas del país.
El gremio reconoció la importancia de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores. Sin embargo, argumentó que esta protección debe armonizarse con la sostenibilidad del empleo formal. Para el sector, un incremento que supere la capacidad de absorción empresarial podría resultar contraproducente si genera pérdida neta de puestos de trabajo.
La posición de Somos Uno introduce variables específicas al debate del salario mínimo 2026. El planteamiento evidencia que sectores con características regulatorias particulares enfrentan limitaciones distintas para absorber incrementos de costos. Esta realidad plantea preguntas sobre si el país requiere mecanismos diferenciados de ajuste salarial según las características sectoriales.
El proceso de negociación del salario mínimo tradicionalmente involucra a representantes del gobierno, trabajadores y empleadores. En las próximas semanas se definirán las mesas de trabajo y los criterios que guiarán la discusión. La solicitud del sector combustible sugiere que 2026 podría incluir un debate más amplio sobre tratamientos sectoriales específicos dentro de la política salarial nacional.