Expertos analizan viabilidad de ambas propuestas
Colombia enfrenta un debate crucial sobre el futuro de su sistema de salud, con dos propuestas antagónicas presentadas por figuras políticas de relevancia nacional. Las medidas sugeridas por el expresidente Álvaro Uribe contrastan directamente con las políticas implementadas por la administración de Gustavo Petro, generando un intercambio público que refleja las diferentes filosofías económicas sobre el rol del Estado en la prestación de servicios.
Las posturas presentadas incluyen desde certificaciones de calidad y estabilidad jurídica hasta la nacionalización de entidades aseguradoras. Cada propuesta responde a diagnósticos distintos sobre las causas de la crisis que atraviesa el sector salud colombiano, con consecuencias millonarias en deudas hospitalarias y deficiencias en la prestación de servicios.
El debate trasciende las personas involucradas y plantea preguntas fundamentales sobre sostenibilidad financiera, acceso universal y calidad en la atención médica que reciben los ciudadanos.
La propuesta del Centro Democrático, presentada por Álvaro Uribe, establece tres ejes principales para la transformación del sistema. El primero consiste en implementar un mecanismo de certificación de calidad para las entidades que administren recursos del sistema, sin importar su denominación legal. Este requisito funcionaría como filtro para garantizar estándares mínimos en la prestación de servicios y administración de recursos públicos.
El segundo componente contempla incentivos fiscales para aquellas aseguradoras que obtengan la certificación mencionada. Los beneficios tributarios propuestos buscarían facilitar la recuperación de capital operativo y el pago de obligaciones pendientes. Esta medida partiría del supuesto de que la crisis financiera del sector puede revertirse mediante inyección de liquidez y mejora en los márgenes operativos de las EPS.
El tercer elemento fundamental de la propuesta uribista son los contratos de estabilidad jurídica a largo plazo. Estos instrumentos garantizarían a los inversionistas privados que las reglas del sistema no cambiarán drásticamente con alternancia política. La estabilidad contractual se complementaría con líneas de crédito y apoyos estatales para entidades dispuestas a reinvertir en el sector salud.
La administración Petro, por su parte, ha tomado una ruta diferente fundamentada en el control estatal directo. La compra de la Nueva EPS representa el ejemplo más visible de esta estrategia, justificada por el gobierno como necesaria ante el descontrol financiero de la entidad. Según la posición oficial, permitir que privados manejen recursos públicos sin supervisión adecuada genera corrupción sistémica.
El presidente Petro argumenta que el modelo de aseguramiento privado con recursos públicos contiene incentivos perversos. La estructura donde el Estado asume parte de las deudas sin tener control sobre las decisiones administrativas crea, según su análisis, condiciones para la apropiación indebida de recursos. La nacionalización buscaría eliminar esta intermediación problemática.
La controversia sobre la vinculación de 80.000 funcionarios para prevención en salud representa otro punto de desacuerdo. Uribe califica esta medida como innecesaria y potencialmente clientelista, sugiriendo que las tecnologías digitales podrían cumplir estas funciones de manera más eficiente. El gobierno, aunque no ha respondido específicamente a esta crítica, mantiene que la prevención requiere presencia territorial y contacto directo con comunidades.
Los antecedentes de la Nueva EPS añaden complejidad al debate. La transformación del Instituto de Seguros Sociales en esta entidad ocurrió en un contexto de reforma estructural del sistema. Petro sostiene que desde su creación, la Nueva EPS operó bajo un esquema donde los controladores privados podían generar deudas sabiendo que el Estado cubriría parte de las obligaciones, creando un riesgo moral significativo.
Las dos propuestas plantean caminos opuestos: incentivos privados versus control estatal. La evidencia internacional muestra sistemas exitosos con ambos modelos, dependiendo de factores como capacidad institucional, niveles de corrupción y cultura ciudadana de cada país.
Colombia deberá evaluar objetivamente qué elementos de cada propuesta pueden contribuir a solucionar la crisis, más allá de preferencias ideológicas. Los ciudadanos esperan resultados concretos en acceso, calidad y sostenibilidad financiera, independientemente del modelo administrativo que finalmente se implemente.