Más de 100.000 usuarios podrían verse afectados si la red sufre fallas adicionales tras la explosión reportada por la Compañía Energética de Occidente
El reciente atentado contra una estructura de transmisión de alta tensión en el sector de Chayani, en Cajibío, puso nuevamente en el centro del debate la seguridad de la infraestructura eléctrica en el Cauca. La Compañía Energética de Occidente (CEO) confirmó que un artefacto explosivo dañó parte de la red que abastece al norte del departamento, en un hecho que, si bien no dejó hasta ahora usuarios sin servicio, sí dejó en evidencia la vulnerabilidad de un sistema clave para la región.
Desde una perspectiva técnica, la empresa logró evitar un corte masivo mediante maniobras de suplencia, redireccionando cargas y utilizando redundancias en la red. Estas acciones, ejecutadas desde los centros de control, permitieron sostener la continuidad del servicio mientras se evalúan los daños en la estructura impactada. Sin embargo, CEO advirtió que el sistema continúa en situación de riesgo, pues la estructura afectada permanece en condición inestable y aún no se ha podido intervenir en sitio por razones de seguridad.
El caso de Cajibío se suma a otras alertas emitidas en el Cauca y en diferentes regiones del país sobre la necesidad de fortalecer la protección de la infraestructura catalogada como crítica: redes de transmisión de energía, oleoductos, gasoductos y sistemas de comunicaciones. Cada ataque representa no solo un costo de reparación, sino un riesgo acumulado para la estabilidad del sistema y para la confianza de los usuarios en la capacidad del Estado y de las empresas para garantizar servicios esenciales.
De acuerdo con estimaciones divulgadas por medios nacionales, más de 100.000 usuarios podrían verse afectados si los daños en la torre derivan en fallas adicionales en la red de transmisión. Este volumen de usuarios incluye hogares, pequeñas empresas, instituciones educativas y servicios de salud que dependen de un suministro estable de energía para su operación diaria. En escenarios de interrupción prolongada, las afectaciones tienden a traducirse en pérdidas económicas, deterioro de la actividad comercial y mayor percepción de abandono institucional.
Analistas consultados por la prensa regional han subrayado que la presión armada sobre infraestructuras como las redes eléctricas suele tener un doble objetivo: enviar mensajes de poder territorial y generar descontento ciudadano frente a las instituciones. En territorios con altos niveles de pobreza y brechas históricas en servicios públicos, los cortes de energía alimentan la inconformidad y pueden ser instrumentalizados por grupos ilegales que buscan legitimidad o control social.
Por otra parte, el aumento de costos derivados de la reposición de equipos, reforzamiento de estructuras y escoltas de seguridad puede terminar impactando los balances financieros del operador. En discusiones recientes sobre el comportamiento de las tarifas de energía en el Cauca, organizaciones ciudadanas han cuestionado que, pese a los altos costos de la prestación del servicio, no se haya logrado una reducción significativa de las vulnerabilidades técnicas y de seguridad en zonas rurales.
Frente a este panorama, especialistas en infraestructura y seguridad insisten en que se requiere una coordinación más estrecha entre el Gobierno nacional, las autoridades locales, la Fuerza Pública y los operadores privados de servicios públicos. El objetivo, señalan, debe ser no solo reaccionar a cada atentado, sino anticiparse a ellos mediante esquemas de vigilancia, inteligencia y participación comunitaria que permitan detectar riesgos antes de que se materialicen. En ese escenario, la comunidad de Cajibío se convierte en un punto de referencia para medir hasta qué punto el país puede proteger sus redes energéticas en contextos de conflicto.
El atentado contra la infraestructura eléctrica en Cajibío refuerza la urgencia de una estrategia integral de seguridad energética en el Cauca, donde la continuidad del servicio para más de 100.000 usuarios depende de redes vulnerables a los ataques armados. Fortalecer la protección de las torres de alta tensión, mejorar la presencia institucional y avanzar en soluciones de seguridad y convivencia en municipios como Cajibío, Piendamó y Morales será clave para evitar nuevos golpes a la red eléctrica del suroccidente colombiano.