Evidencia digital clave en caso de Cali
El caso de Cali expone el peso de la evidencia digital en la persecución penal de la explotación sexual infantil. El hallazgo de 13 videos en dispositivos incautados permitió a la Fiscalía formular cargos y obtener medida de aseguramiento contra la mujer señalada, mientras avanza la investigación.
La denuncia del padre fue determinante: activar la ruta de atención, preservar los dispositivos y trasladarlos a forénsica asegurando la trazabilidad del material, su cadena de custodia y su eficacia probatoria. Sin este reporte inicial, los tiempos y resultados suelen dilatarse.
El rol de la UENNA concentra especialización en delitos contra niños y adolescentes, lo que facilita enfoques diferenciales y coordinación con Medicina Legal, ICBF y Policía de Infancia y Adolescencia para la atención integral de la víctima y el entorno.
A nivel punitivo, la comercialización de material eleva las consecuencias jurídicas, dado que involucra difusión y lucro. La respuesta penal incluye posibles agravantes, decomiso de equipos y acciones para interrumpir circuitos de intercambio digital.
En política pública, el caso reitera la urgencia de alfabetización digital para familias y colegios: supervisión responsable, control parental, reporte temprano y protocolos para preservar evidencia cuando exista sospecha.
En lo social, la reacción de rechazo demanda acompañamiento psicosocial, evitando revictimización y cuidando la protección de identidad de la menor. La comunicación responsable de medios y audiencias es clave para no exponer a las víctimas.
La decisión del juez de control de garantías de imponer prisión preventiva apunta a evitar riesgos procesales y a priorizar el interés superior de la niñez, en concordancia con estándares internacionales y jurisprudencia nacional.
El caso deja lecciones: la denuncia oportuna, el manejo técnico de evidencia digital y la coordinación institucional son esenciales para frenar la explotación infantil.