El cierre total en Ventanitas revela los riesgos que enfrentan transportadores en un corredor clave para la economía nacional
El atentado con explosivos que destruyó un tramo de la vía Medellín–Costa Caribe en el sector Ventanitas, kilómetro 42+150, no solo obligó al cierre total de la troncal este 19 de noviembre, sino que volvió a poner bajo la lupa la seguridad en uno de los corredores más importantes para el norte de Antioquia. La detonación del artefacto, que levantó por completo la calzada en el tramo Los Llanos–Tarazá, se convirtió en el último episodio de una cadena de hechos que muestran la vulnerabilidad de esta ruta frente a la acción de grupos armados ilegales.
En este sector confluyen intereses de distintas estructuras criminales y armadas que, según informes oficiales recientes, incluyen disidencias de las antiguas Farc, frentes del ELN y hombres del ‘clan del Golfo’. Estas organizaciones se disputan corredores de movilidad, control de rentas ilícitas, extorsiones y tráfico de drogas, lo que convierte la troncal en un escenario de riesgo permanente para pobladores, transportadores y autoridades. El uso de explosivos contra la infraestructura vial es una de las tácticas que estos grupos han empleado para presionar a la Fuerza Pública y enviar mensajes de poder territorial.
Aunque aún no hay confirmación oficial sobre los responsables, versiones iniciales señalan que el ataque podría estar relacionado con el frente 36 de las disidencias que operan en la zona, lo que se sumaría a otros hechos recientes atribuidos a esa estructura. Analistas en temas de seguridad advierten que este tipo de acciones buscan sembrar miedo en las comunidades y demostrar capacidad de daño sobre objetivos estratégicos del Estado, sin necesidad de atacar directamente a la población civil.
El impacto del atentado trasciende lo local. La vía Medellín–Costa Caribe es una arteria clave para el transporte de carga hacia los puertos del Atlántico y para el flujo de pasajeros que conectan el centro del país con la región Caribe. Cada cierre por atentados se traduce en pérdidas económicas para empresas transportadoras, sobrecostos en combustibles y tiempos, y afectaciones a pequeños comerciantes que dependen del tránsito constante de vehículos por el norte de Antioquia.
El ataque también evidencia los límites de una estrategia basada únicamente en el refuerzo militar sobre el corredor. Aunque el Ejército y la Policía han incrementado los patrullajes, acompañado convoyes y reaccionado rápidamente para atender emergencias, las cifras de incidentes demuestran que la presencia armada, por sí sola, no ha sido suficiente para reducir el riesgo de atentados con explosivos. Voces académicas y sociales insisten en la necesidad de combinar esas acciones con programas de inversión social, oportunidades económicas y fortalecimiento de la institucionalidad en municipios como Yarumal, Valdivia, Tarazá y Caucasia.
Para las comunidades asentadas a lo largo de la troncal, los cierres recurrentes representan, además, un mensaje de fragilidad estatal. Habitantes de veredas y corregimientos dependen de esta vía para acceder a servicios de salud, educación y comercialización de productos agrícolas. Cuando la carretera queda inhabilitada por un atentado, sus rutinas se alteran y se profundiza la sensación de abandono frente a los actores armados que aún se mueven con relativa libertad por la zona rural.
En este contexto, el atentado en Ventanitas reabre la discusión sobre la necesidad de una política integral de seguridad para el norte de Antioquia, que combine inteligencia, judicialización, control territorial y diálogo con las comunidades. También refuerza el llamado de autoridades locales y regionales para que la vía Medellín–Costa Caribe sea priorizada en la agenda de seguridad nacional, con recursos suficientes para mejorar la infraestructura y proteger a quienes se movilizan diariamente por este corredor estratégico.
El cierre total de la vía Medellín–Costa Caribe en el sector Ventanitas, tras la detonación del artefacto explosivo, deja en evidencia los desafíos de seguridad que enfrenta el tramo Los Llanos–Tarazá y el conjunto del norte de Antioquia. Mientras avanzan las investigaciones para determinar la responsabilidad del atentado, transportadores y habitantes de la región piden soluciones de fondo que garanticen una movilidad segura y estable en esta troncal clave hacia la Costa Caribe.