Hacienda cambia la fórmula sin ceder el recaudo
Desde el punto de vista político, sacar el IVA a la gasolina y al ACPM del proyecto era casi obligatorio. El temor a un impacto inflacionario, sumado a la presión de transportadores y ciudadanos, convertía ese artículo en un punto de quiebre. Pero el recaudo no podía desaparecer; por eso, Hacienda optó por una reforma menos visible en el día a día del ciudadano promedio, pero más intensa en sectores considerados con mayor capacidad de pago: licores, juegos de azar, vehículos híbridos, hospedaje a turistas, capital financiero y grandes fortunas.
La estrategia se enmarca en la lógica de “gasto tributario”: reducir exenciones, deducciones y tratamientos preferenciales que, según el Gobierno, benefician más a los contribuyentes de altos ingresos. Al eliminar la deducción fija de 72 UVT por dependiente y desmontar el descuento del 19 % a los dividendos, Hacienda envía una señal clara: quiere cerrar algunos de los huecos por donde se aligeraba la carga fiscal de personas con mayor renta y patrimonio.
La subida del IVA del 5 % al 19 % en vehículos híbridos puede verse como un giro respecto de las políticas de incentivo a la movilidad limpia, pero también como el reconocimiento de que, hoy, buena parte de esos autos son adquiridos por segmentos de ingreso medio-alto y alto. Algo similar pasa con las bebidas alcohólicas y los juegos por internet: el Gobierno los ubica más cerca del consumo suntuario que de la canasta básica, lo que justifica aplicarles la tarifa plena de IVA.
En el caso del impuesto al patrimonio, el rediseño hacia una tabla progresiva con tarifas que van de 0 % a 5 % busca blindar políticamente la medida y sustentar el discurso de equidad. La exención hasta 40.000 UVT intenta dejar por fuera pequeñas y medianas fortunas, mientras que los tramos superiores señalan con claridad al 1 % más rico. De fondo, sin embargo, subsiste el debate técnico: ¿ese impuesto, en sus niveles más altos, desincentiva la inversión o corrige distorsiones en la distribución de la riqueza?
El aumento de la sobretasa al sector financiero, que llevará su carga total de renta al 50 %, tiene una lectura política evidente: en un contexto de desconfianza ciudadana hacia bancos y grandes corporaciones, es un mensaje de que los sectores más rentables “ponen más”. Pero expertos advierten que, si la tributación se vuelve demasiado alta, puede trasladarse a los usuarios vía comisiones, tasas o menor oferta de crédito, lo que afectaría la economía real. El punto fino del diseño será evitar que la medida termine golpeando al mismo consumidor al que se dice proteger.
La decisión de gravar el componente inflacionario de los rendimientos financieros también genera debate. Para el Gobierno, se trata de cerrar un trato preferencial que no se alinea con la progresividad del sistema. Para algunos analistas, en cambio, implica restarle atractivo al ahorro formal y sofisticado, justo cuando el país busca profundizar su mercado de capitales y diversificar las fuentes de financiamiento. Otra vez, el riesgo es que los efectos colaterales terminen minando el objetivo recaudatorio de la reforma.
En conjunto, la reforma ajustada se parece menos a una ofensiva frontal sobre el consumo masivo y más a un reacomodo de cargas en la parte alta de la pirámide. El Congreso deberá decidir si este diseño logra el balance entre recaudar sin frenar la inversión y si, como promete el Ministerio de Hacienda, acerca al país al cumplimiento de la regla fiscal sin recargar a los sectores más vulnerables. Allí se jugará el verdadero examen político y técnico de la reforma.
La reforma tributaria ajustada cambia el foco: deja por fuera el IVA a combustibles, pero refuerza los impuestos sobre patrimonios, sector financiero, licores, juegos de azar y rendimientos financieros. Con un recaudo esperado de $16,3 billones, el debate que se abre en el Congreso estará marcado por preguntas sobre equidad, impacto económico y sostenibilidad fiscal. Lo que se decida definirá quién paga realmente la cuenta de la reforma tributaria en Colombia.