MinDefensa niega, Defensoría confirma seis menores fallecidos
Una operación militar ejecutada por las Fuerzas Militares de Colombia contra un campamento de disidencias en el departamento de Guaviare ha generado una controversia institucional. El Ministerio de Defensa y la Defensoría del Pueblo presentan versiones divergentes sobre las víctimas del bombardeo.
Mientras el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, declaró el jueves que no hubo menores de edad afectados en la operación, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, confirmó el viernes la muerte de seis niños, niñas y adolescentes. La discrepancia entre ambas instituciones del Estado ha generado cuestionamientos sobre los protocolos de verificación de información.
El bombardeo se realizó contra estructuras del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, bajo el liderazgo de alias Iván Mordisco, en zona rural del municipio de Calamar. La operación fue ordenada por el presidente Gustavo Petro el 10 de noviembre como parte de una ofensiva militar en la región.
El Ministerio de Defensa informó inicialmente que la operación militar había resultado en la neutralización de aproximadamente 19 integrantes de las disidencias, sin especificar la presencia de menores entre los fallecidos. El ministro Pedro Arnulfo Sánchez afirmó públicamente que en esa operación no hubo menores de edad afectados.
La Defensoría del Pueblo, por su parte, confirmó posteriormente que seis niños, niñas y adolescentes murieron durante el bombardeo. El organismo reportó además la recuperación de otros cuatro cuerpos que aún no han sido identificados por las autoridades forenses.
Las declaraciones del ministro de Defensa incluyeron una justificación sobre el uso de la fuerza: quien se involucra en las hostilidades pierde toda protección, sin distinción alguna, y lo que mata no es la edad, es el arma en sí. Estas afirmaciones generaron reacciones de diversos sectores.
La Defensoría respondió citando el marco del Derecho Internacional Humanitario, que establece límites específicos para las operaciones militares. Según el organismo, los menores reclutados mantienen una protección reforzada derivada de los principios de humanidad, precaución, necesidad militar limitada y del interés superior del niño.
El operativo militar se desarrolló en un campamento donde, según fuentes de inteligencia, se encontraban menores víctimas de reclutamiento forzado por parte de las disidencias. La presencia de menores en estas estructuras armadas es una realidad documentada por diversas organizaciones en la región del Guaviare.
La operación incluyó bombardeos aéreos y despliegue terrestre de aproximadamente 70 efectivos militares. Según reportes oficiales, se recuperaron once fusiles, veinticinco artefactos explosivos improvisados y un kilogramo de pentolita peruana durante la intervención.
Colombia ha incorporado estándares internacionales como el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, el Estatuto de Roma y los Convenios de Ginebra, que prohíben el reclutamiento de menores de 18 años y su utilización en hostilidades. La aplicación de estos estándares en operaciones militares genera debates sobre proporcionalidad y precaución.
La divergencia entre las versiones del Ministerio de Defensa y la Defensoría del Pueblo plantea interrogantes sobre los mecanismos de verificación de víctimas en operaciones militares. Ambas instituciones cuentan con facultades y funciones específicas dentro del marco constitucional colombiano.
El caso ha reavivado el debate sobre la implementación del Derecho Internacional Humanitario en operaciones contra grupos armados que reclutan menores. La discusión se centra en determinar los límites del uso de la fuerza y las medidas de precaución necesarias cuando existe información sobre presencia de menores en objetivos militares.