Cuatro décadas de versiones encontradas.
La toma del M-19 y la retoma estatal marcaron 1985. El saldo humano fue devastador y la justicia incompleta. Los registros señalan 28 horas de enfrentamientos. Murieron cerca de 100 personas, 11 magistrados incluidos. Persisten desapariciones forzadas.
En 2014, la Corte IDH responsabilizó al Estado por desapariciones. Ordenó medidas de reparación y garantías. La implementación avanza desigualmente. Sobre financiación, surgieron hipótesis de dineros ilícitos. No existe decisión penal definitiva que cierre la controversia. La discusión se reaviva cada aniversario.
Estados Unidos observó con alarma la crisis. Defendió la institucionalidad y reforzó cooperación antidrogas. El clima regional vinculó narcotráfico y estabilidad democrática.
El contexto nacional incluía diálogos rotos y presión terrorista. La seguridad del Palacio había sido reducida días antes, hecho aún cuestionado. Las memorias en pugna cruzan política y ética pública.
Víctimas reclaman reconocer abusos del M-19 y excesos estatales.
Gustavo Petro, ex M-19, niega vínculos con mafias. Su narrativa es confrontada por sectores que exigen admisiones más amplias, Comparar con otras transiciones latinoamericanas ilumina caminos.
Verdad judicial y verdad histórica suelen converger lentamente, si las instituciones lo permiten.
Sin pedagogía, repetir errores es posible. La prioridad es la dignidad de las víctimas y esclarecer cada eslabón. Organizaciones civiles piden archivos abiertos y peritajes.
La tecnología forense puede resolver identificaciones pendientes y rutas de responsabilidad.La conmemoración de 40 años exige rigor documental.
El país necesita una memoria verificable.