Expertos alertan sobre riesgos de una estrategia más agresiva
El bombardeo en Guaviare expone una tensión de fondo en el proyecto político de Gustavo Petro: la promesa de un gobierno “de la vida” frente a la necesidad de mostrar resultados contundentes en materia de seguridad. En sus primeros meses de mandato, el presidente había suspendido los bombardeos contra campamentos donde pudieran haber menores reclutados, en línea con su discurso de defensa de los derechos humanos. Hoy, ante la confirmación de la muerte de al menos siete niños, se ve obligado a explicar por qué decidió autorizar una operación que choca con aquella directriz inicial.
La respuesta del mandatario se ha centrado en un argumento: la defensa de sus propios soldados. Petro afirmó que el bombardeo buscó evitar que un pelotón de jóvenes militares fuera emboscado por una fuerza muy superior de disidentes, y planteó el dilema en términos de vidas en riesgo: las de los menores reclutados en el campamento frente a las de los uniformados en terreno. Este encuadre, si bien puede resultar comprensible para sectores que exigen una mano más firme contra los grupos armados, enfrenta el límite jurídico y ético del DIH, que otorga una protección reforzada a los niños incluso cuando participan en hostilidades.
Desde el punto de vista del derecho internacional, organizaciones como Paz y Reconciliación y Coalico han subrayado que los niños nunca deben ser tratados como objetivos militares. Los principios de distinción y proporcionalidad obligan a diferenciar claramente entre combatientes y no combatientes, y a evitar ataques en los que el daño a civiles —y especialmente a menores— sea desproporcionado frente a la ventaja militar concreta y directa esperada. En la medida en que el resultado del bombardeo incluye varios menores muertos, la carga de la prueba recae ahora sobre el Estado, que debe demostrar que actuó dentro de esos márgenes.
La contradicción entre el Petro senador y el Petro presidente alimenta también la discusión pública. En el pasado, el hoy mandatario acusó al gobierno de Iván Duque de violar el DIH cuando se conocieron bombardeos en los que murieron menores reclutados, y pidió que se revisaran a fondo las reglas de enfrentamiento. Esa hemeroteca política ha resurgido con fuerza en redes sociales y en la oposición, que ve en el episodio de Guaviare una muestra de incoherencia. El cambio de rol —de opositor a jefe de Estado— pone sobre la mesa la distancia que puede haber entre el discurso y las decisiones en el terreno.
En lo estratégico, el caso parece inscribirse en un giro hacia una política de seguridad más dura. En los últimos meses, el gobierno ha reportado múltiples bombardeos contra disidencias y estructuras del narcotráfico, al tiempo que ha afrontado fracasos y rupturas parciales en procesos de cese al fuego y diálogos con grupos armados. Analistas señalan que el Ejecutivo intenta enviar un mensaje de autoridad en un escenario de recrudecimiento de la violencia en regiones como Guaviare, Arauca y Cauca, pero advierten que la intensificación de la fuerza aérea puede incrementar el riesgo para la población civil si no se acompaña de inteligencia robusta y evaluación rigurosa de daños colaterales.
El impacto político también se mide en el Congreso y en la opinión pública. Voces de centro e incluso de algunos sectores cercanos al gobierno han pedido explicaciones detalladas sobre la operación, mientras que opositores anuncian mociones de censura y posibles denuncias ante instancias internacionales. El riesgo para Petro no es solo jurídico, sino de legitimidad: si parte de su base social percibe que su gobierno terminó replicando prácticas que criticó en el pasado, el golpe a su narrativa puede ser profundo, especialmente en un país donde la memoria de los falsos positivos y de los niños muertos en bombardeos sigue abierta.
En paralelo, el caso vuelve a poner el foco sobre el reclutamiento forzado y las responsabilidades de los grupos armados. La Defensoría del Pueblo y el ICBF han insistido en que la primera violación es arrancar a los niños de sus hogares y someterlos a la lógica de la guerra. Pero también recuerdan que el Estado debe ser ejemplar en el cumplimiento del DIH, precisamente para diferenciarse de quienes reclutan y usan menores como escudos humanos. En esa delgada línea, se definirá si el bombardeo en Guaviare se lee a futuro como una operación legítima en un contexto extremo o como un error que marcó un retroceso en la protección de la niñez en Colombia.
El bombardeo en Guaviare que dejó varios menores muertos se ha convertido en una prueba crucial para la coherencia del gobierno de Gustavo Petro entre su discurso de defensa de la vida y su estrategia de seguridad frente a las disidencias. Expertos en Derecho Internacional Humanitario, entidades de control y congresistas exigen que el Ejecutivo demuestre que respetó los principios de distinción, proporcionalidad y precaución. Mientras tanto, la controversia alimenta el debate sobre la paz total, el reclutamiento forzado y los límites del uso de la fuerza en Colombia, temas centrales para el futuro inmediato del país.