Bogotá registra miles de denuncias contra menores
El caso del niño de 8 años hallado solo, hambriento y pidiendo ayuda desde una ventana en Suba es mucho más que un hecho aislado que indigna por unas horas en redes sociales. Lo ocurrido en esta vivienda del norte de Bogotá deja al descubierto fallas en varios niveles: en el entorno familiar que no garantizó acompañamiento y cuidado, en los sistemas de alerta temprana y seguimiento a hogares en riesgo, y en la capacidad del Estado para anticiparse a situaciones que terminan convirtiéndose en emergencias.
De acuerdo con la información conocida, la historia comenzó con una llamada de vecinos a la línea de emergencias, luego de escuchar al niño pidiendo comida y notar que estaba solo en el apartamento. La pronta reacción comunitaria permitió que la Policía llegara y evitara una posible tragedia, pues el menor se asomaba a una ventana de un tercer piso con evidente riesgo de caída. Sin embargo, para los expertos en infancia, que un niño se vea obligado a gritar ayuda a desconocidos ya es, en sí mismo, una señal de que el sistema de protección falló antes.
Los datos oficiales muestran que la violencia contra menores en Bogotá viene en aumento. Más de 8.700 denuncias por violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en 2025 y cerca de 7.824 casos de violencia intrafamiliar con menores como víctimas directas atendidos en las comisarías de familia revelan una problemática estructural, que no se resuelve solo con la atención de casos ya consumados. Para organizaciones que trabajan en prevención, el reto es identificar patrones de riesgo en los barrios antes de que se materialicen en abandono.
La duplicación de la tasa de maltrato infantil entre 2020 y 2023 —de 8,2 a 17,2 casos por cada mil menores, según cifras distritales— confirma que la ciudad enfrenta un escenario mucho más hostil para la niñez. Esta escalada coincide con los efectos acumulados de la pandemia, el deterioro económico de muchas familias, la sobrecarga de mujeres cuidadoras y la persistencia de ciclos de violencia intrafamiliar que se transmiten de generación en generación. En ese contexto, niños como el de Suba terminan quedando a la deriva dentro de sus propios hogares.
Otra lectura que deja el caso tiene que ver con la capacidad de respuesta institucional. En esta ocasión, la Policía, a través de la Seccional de Protección, llegó a tiempo, rescató al menor y lo dejó a disposición de la autoridad administrativa para restablecer sus derechos. Pero, ¿cuántos niños en condiciones similares no logran ser vistos por la comunidad o no tienen vecinos que llamen a la línea 123? Las brechas en la cobertura de visitas domiciliarias, la falta de seguimiento a reportes previos y la fragmentación entre entidades pueden hacer que muchos episodios de negligencia queden invisibles.
Especialistas en protección infantil vienen insistiendo en la necesidad de pasar de un enfoque reactivo a uno preventivo. Esto implica que colegios, jardines infantiles, EPS, comisarías y organizaciones comunitarias crucen información de manera más efectiva para identificar señales de alerta: ausencias recurrentes a clase, signos de desnutrición, cambios bruscos de comportamiento o comentarios directos de los menores sobre sentirse solos o desatendidos. De lo contrario, la respuesta seguirá llegando solo cuando el abandono es tan evidente como un niño pidiendo ayuda por la ventana.
El caso de Suba también pone sobre la mesa la importancia del tejido comunitario en la protección de la niñez. En barrios donde los vecinos se conocen, se hablan y se organizan, hay más posibilidades de que situaciones anómalas sean detectadas a tiempo. En cambio, en conjuntos y edificios donde predomina el anonimato, un niño llorando o pidiendo comida podría pasar inadvertido. Para muchas organizaciones barriales, fortalecer redes de apoyo y frentes de seguridad con enfoque en infancia es una de las tareas urgentes en localidades densamente pobladas como Suba.
El caso del niño abandonado en Suba se convierte en un símbolo de la crisis de maltrato infantil que atraviesa Bogotá. Más que un hecho puntual, es el reflejo de cifras que crecen año tras año y de un sistema que aún llega tarde a muchas casas. Ante este panorama, expertos y autoridades coinciden en que es urgente reforzar las rutas de protección, invertir en prevención, escuchar más a los niños y empoderar a las comunidades para que denuncien. Solo así, aseguran, se podrá evitar que historias como la de este menor de 8 años sigan repitiéndose en los barrios de la capital.