Habrá una instancia con poder político para coordinar ministerios, agencias y territorios
El Ejecutivo adoptará una Consejería Presidencial para dirigir la implementación del Acuerdo de Paz, luego de reconocer que la figura de Unidad no resolvió la coordinación que exige el proceso. La movida busca responder a la orden de la Corte y, al mismo tiempo, fijar una ruta de acción con metas verificables y plazos de cumplimiento.
Según el documento enviado al alto tribunal, el rediseño pretende superar el “bloqueo institucional” y recuperar un rango político que permita alinear ministerios, DNP y ejecutores territoriales. En 2022, la antigua Alta Consejería se convirtió en Unidad de Implementación, con menor jerarquía, lo que dificultó la articulación.
La nueva Consejería definirá indicadores de impacto sobre tierras, reincorporación y seguridad, y operará con tableros de control que integren ejecución física y financiera. También coordinará planes sectoriales (vías terciarias, agua, salud, educación rural) para que la paz se traduzca en servicios y oportunidades.
El fallo judicial instó al Gobierno a reestructurar y ofreció un plazo perentorio: la Presidencia respondió con la elevación de nivel y una hoja de ruta que compromete a todo el gabinete. En adelante, cada cartera tendrá responsables y cronogramas ligados a metas regionales.
Organismos de seguimiento y verificación han insistido en dar mayor jerarquía a la instancia que conduce la implementación para garantizar coherencia de política de Estado. El Gobierno recoge ese mensaje y lo traduce en una arquitectura institucional con mando y evaluación.
El desafío será gestionar en territorio: coordinación con gobernaciones y alcaldías, participación comunitaria y protección efectiva para firmantes y líderes. El rediseño promete instrumentos de seguimiento público y auditorías externas para la transparencia.
El Ejecutivo confía en que la Consejería imprima velocidad y coherencia a la agenda de paz, con resultados medibles y auditables.