Expertos cuestionan eliminación de controles técnicos tradicionales
El Decreto 1166 de 2025 representa más que una simplificación administrativa: plantea un dilema fundamental sobre el balance entre eficiencia burocrática y garantías técnicas en proyectos de vivienda social. La eliminación de licencias de construcción para mejoramientos subsidiados desafía décadas de regulación del sector constructor colombiano.
La medida refleja una apuesta del Gobierno por la desregulación como mecanismo para acelerar la ejecución de programas sociales. Sin embargo, esta decisión enfrenta al país ante una pregunta crucial: ¿puede la autogestión reemplazar efectivamente los controles institucionales sin comprometer la seguridad de las familias beneficiarias?
El contexto de la medida es revelador. Con apenas el 12,5% de avance en la meta de 400.000 mejoramientos de vivienda y una inversión proyectada de 12,5 billones de pesos en juego, el Gobierno opta por eliminar un requisito que históricamente ha garantizado la verificación técnica de construcciones.
El análisis del decreto evidencia tres dimensiones problemáticas que trascienden la discusión técnica. En primer lugar, la dimensión jurídica plantea interrogantes sobre la seguridad legal de construir sin licencia formal, lo que podría generar conflictos futuros en materia de responsabilidades y cumplimiento de normas urbanísticas vigentes.
La dimensión técnica constituye el núcleo del debate. La licencia de construcción no es un trámite menor sino el instrumento que garantiza que los proyectos cumplan con normas de sismo-resistencia y seguridad estructural. Trasladar esta verificación a certificaciones individuales mediante cartas de responsabilidad podría abrir brechas en el control de calidad constructiva.
La dimensión institucional revela una paradoja preocupante. El decreto argumenta que muchos municipios carecen de capacidad para tramitar licencias, pero simultáneamente les asigna la responsabilidad de verificar las cartas de responsabilidad profesional. Si la capacidad institucional es insuficiente para lo primero, ¿cómo garantizará lo segundo?
El momento político de la medida agrega complejidad al análisis. Su implementación en periodo preelectoral genera suspicacias sobre posibles usos clientelistas de los subsidios. La ejecución acelerada de 12,5 billones sin controles tradicionales podría prestarse para irregularidades o presiones políticas territoriales.
La comparación internacional resulta ilustrativa. Países con sistemas constructivos maduros mantienen rigurosos controles de licenciamiento incluso en vivienda social, entendiendo que la seguridad estructural no debe negociarse por agilidad administrativa. La desregulación colombiana parece ir en contravía de estas tendencias globales.
El déficit habitacional colombiano de casi cinco millones de hogares exige respuestas urgentes, pero la urgencia no justifica renunciar a garantías básicas. Existen alternativas como modernizar y digitalizar el proceso de licenciamiento en lugar de eliminarlo, manteniendo controles sin sacrificar eficiencia.
La implementación inmediata del decreto sin periodo de transición ni capacitación previa de profesionales evidencia improvisación. Los seis meses otorgados para crear la estrategia de capacitación son posteriores al inicio de vigencia, invirtiendo la lógica de toda implementación de política pública responsable.
El Decreto 1166 plantea un experimento de política pública cuyos resultados solo serán evidentes en el mediano plazo, cuando las viviendas construidas enfrenten las pruebas del tiempo y los eventos naturales. La pregunta no es si se pueden construir casas más rápido sin licencias, sino si esas casas resistirán sismos y otros riesgos estructurales.
El verdadero desafío está en evaluar si Colombia está dispuesta a asumir los riesgos de esta desregulación en función de una mayor celeridad administrativa. La experiencia internacional sugiere que en materia de seguridad estructural, los atajos suelen cobrarse caros. El tiempo dirá si esta apuesta por la autogestión fue un acierto o un error con consecuencias potencialmente graves para las familias más vulnerables.