81 toneladas ilegales revelan vacío de vigilancia
El cumplimiento anticipado de la meta 30×30 le permitió a Colombia presentarse como líder en protección oceánica. Sin embargo, el Marco Mundial de Kunming-Montreal enfatiza que no se trata solo de cubrir el 30 % del territorio con figuras de protección, sino de asegurar una gestión eficaz y representativa. Que solo el 6,7 % de las áreas marinas protegidas del país estén total o altamente protegidas revela que existe una brecha entre el discurso y la implementación, especialmente en zonas de alto valor ecológico como Seaflower.
Desde el punto de vista de gobernanza, Seaflower enfrenta un mosaico de autoridades con competencias cruzadas: Armada, AUNAP, autoridades ambientales como Coralina, gobierno departamental y autoridades raizales. Cada una tiene lecturas distintas sobre quién puede pescar, dónde y bajo qué reglas. La resolución de 2023 de la AUNAP, que respalda la petición de los raizales de limitar la pesca a residentes permanentes, convive con decisiones del departamento que siguen autorizando embarcaciones industriales. Esta falta de claridad favorece la informalidad y dificulta la aplicación de sanciones.
El componente internacional añade más capas de complejidad. La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) se ejerce por embarcaciones extranjeras que ingresan sin permiso a aguas colombianas, operan con artes prohibidas y aprovechan la limitada capacidad de respuesta. Aunque Colombia se sumó al acuerdo global de medidas del Estado rector del puerto para combatir la pesca INDNR, no existe todavía un esquema robusto de intercambio de información y operaciones conjuntas con vecinos como Nicaragua, Honduras o Jamaica, origen de buena parte de las embarcaciones incautadas.
En materia de control, los números son elocuentes. Entre 2008 y 2025, Seaflower registra 81.176 kg de pesca ilegal incautada, con un peso mayoritario de embarcaciones extranjeras. Sin embargo, la Armada reconoce que menos del 10 % de los capturados han recibido sanción. Esto revela un cuello de botella judicial: capturar embarcaciones e iniciar procesos no garantiza condenas ni multas efectivas. Para un delito que puede acarrear entre cuatro y nueve años de prisión, su “baja incidencia” en privaciones de libertad muestra que la pesca ilegal es, en la práctica, de bajo riesgo para los infractores.
La aplicación de la normatividad también se ve tensionada por otras prioridades estatales. Seaflower es, simultáneamente, un área protegida y una ruta del narcotráfico. Pescadores raizales denuncian que, para la Armada, puede resultar más atractivo interceptar lanchas vinculadas al tráfico de drogas que embarcaciones dedicadas a la pesca ilegal. Esta priorización, sumada a la falta de embarcaciones suficientes y al uso de rutas más evasivas por parte de los pescadores ilegales, ayuda a explicar por qué las incautaciones han caído de 3.753 kg en 2023 a solo 394 kg en lo corrido de 2025, pese a que todos coinciden en que la pesca ilegal va en aumento.
El impacto ecológico se traduce en riesgos para la resiliencia del sistema. La sobreexplotación de especies como el caracol pala, la langosta espinosa y el pez loro reduce la capacidad de los arrecifes para recuperarse de otras presiones, como el cambio climático o la contaminación. La propia autoridad ambiental Coralina advierte que la extracción descontrolada está deteriorando progresivamente los ecosistemas coralinos y arrecifales, poniendo en riesgo un 77 % del coral colombiano concentrado en Seaflower y el 91 % del área coralina del país sumando todo el departamento.
Frente a este panorama, organismos internacionales y comunidades locales han impulsado la idea de una Reserva de Biosfera Transfronteriza del Caribe Suroccidental. Aunque en Colombia las reservas de biosfera no son categorías de manejo, podrían funcionar como plataforma de coordinación entre seis países para abordar la pesca ilegal y otras amenazas comunes. El reto será evitar que esa figura se quede en “saludo a la bandera” y se traduzca en acuerdos vinculantes, fondos y capacidades concretas. De lo contrario, Seaflower seguirá siendo el ejemplo de cómo una gran área protegida puede ser, al mismo tiempo, un espacio a merced de actividades ilegales.
El caso de Seaflower revela que el verdadero desafío de las áreas marinas protegidas en Colombia no está en alcanzar porcentajes, sino en asegurar protección efectiva frente a la pesca ilegal y la sobreexplotación. Fortalecer la gobernanza, armonizar las normas entre autoridades, mejorar la coordinación regional y cerrar la brecha entre captura y sanción son pasos clave para que la política de conservación vaya más allá de la meta 30×30. Sin estos cambios, la pesca ilegal en el Caribe colombiano seguirá erosionando la biodiversidad de Seaflower y cuestionando el liderazgo de Colombia en protección marina.